Justicia y política
No se nota ni ese atisbo de disimulo que pretende guardar las formas. Al contrario, parece que no haya apuro en mostrar el cariz político de la mano judicial, como si esa fuera la idea: demostrar el poder brutal del Estado cuando quiere castigar al disidente. La tesis, sostenida por juristas relevantes, de que los presos independentistas han sido usados como rehenes políticos se ha ido avalando con cada petición de la Fiscalía y cada interlocutoria del juez Llarena. Interlocutorias plagadas, justamente, de opiniones políticas, como bien han subrayado relevantes juristas, desde Martín Pallín o Joaquín Urías, hasta Pérez Royo. Asimismo lo expresaba Urías, con la decisión de no permitir la investidura de Jordi Sànchez: “El Supremo sigue haciendo política, utilizando argumentos políticos (y morales) e invadiendo las competencias del Parlament, e incluso las del cuerpo electoral”. Y añadía: “¡Qué democracia judicial nos está quedando!”.
Todo lo que ha ocurrido alrededor de la causa es una gran operación de persecución política que ha derivado en situaciones tan estridentes (y surrealistas) que incluso llevaron a Pérez
La tesis de juristas relevantes de que nuestros presos son rehenes políticos se va confirmando
Royo, en su entrevista en el FAQS de TV3, a plantear querellas por prevaricación contra el juez del Supremo. Primero fue la locura de imputarlos por sedición y rebelión, como si los líderes catalanes fueran unos Tejeros cualquiera. Después se usó la prisión preventiva como ariete para asustar y aplastar cualquier disidencia y, por el camino, conseguir que grandes referentes del independentismo dejaran la carrera política. Al tiempo, se vulneró estrepitosamente la soberanía del Parlament y la dignidad de las urnas, impidiendo las investiduras acordadas por la mayoría parlamentaria. Por el camino, no se cursaron órdenes de detención internacional contra los exiliados, porque, según el propio Llarena, “no deben cursarse por sospechas, sino que tienen que cursarse el día que ya se sabe que los hechos tienen indicios razonables de haberse perpetrado y que además integran un delito grave en España y un delito grave al país que se le pide el esfuerzo de la colaboración”. Es decir, en Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Suiza, Austria y pronto Finlandia no hay causa posible para detener a los mismos que, en España, serían acusados de golpistas. Es una locura total, un esperpento, pero es lo que está pasando. Y finalmente, a las peticiones de excarcelación siguieron interlocutorias del juez que volvían a estar plagadas de motivos políticos, con el delirio de hablar de “reincidencia” por el hecho de que no hubieran dejado de creer en sus ideales.
Y así hasta ahora, con Jordi Sànchez haciendo, finalmente, lo que querían: renunciando a su carrera política. Todo esto tiene poco que ver con la justicia, y mucho con la voluntad de destruir el sentimiento colectivo de millones de catalanes. Es pura represión con toga incorporada.