Investidura exprés.
Llarena los cita mañana y abre la puerta a la posibilidad de que vuelvan a la cárcel
Si los procesados por rebelión se hallan en la cárcel, pueden ser suspendidos
El juez del caso 1-O en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, dictó ayer una providencia tan breve en líneas como trascendente a efectos políticos, al citar al exconseller Jordi Turull y otros cinco investigados para mañana a las 10.30 horas, con objeto de notificarles el auto de procesamiento dictado contra ellos y plantear la posibilidad de cambiar su situación personal. Es decir, para someter a debate entre las partes si siguen en libertad con fianza o si, a la vista de las acusaciones que se formalicen contra ellos, tienen que ingresar en prisión.
Todos los citados tienen actualmente la condición de miembros del Parlament. Se trata, además de Turull, de Carme Forcadell, Marta Rovira, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. Los seis se encuentran en libertad bajo fianza, y junto a ellos deberán comparecer los representantes legales de los otros 22 investigados. En el caso de los primeros, la presencia personal se requiere –dice la providencia del juez– “a fin de practicar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la ley de Enjuiciamiento Criminal”. Este tipo de comparecencias está previsto para plantear y resolver la posible adopción de medidas cautelares.
Mañana se sabrá, por otra parte, de qué hechos y por qué delitos se acusa a los investigados, y si alguno o algunos de ellos quedan fuera del proceso. Pero a corto plazo tanto o más importante que este dato es el efecto derivado de un posible regreso a prisión de los diputados citados, en especial en el caso de Turull, por su condición de candidato a someterse al debate de investidura.
El artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) abre la puerta a que sean suspendidos en sus cargos los supuestos autores de un delito de rebelión que en el momento de ser procesados estuvieren en prisión. Los citados mañana en el Supremo no están ahora en la cárcel. Pero no cabe descartar que lo estén en los próximos días. En tal caso, el Supremo tendría en sus manos la posibilidad de suspenderlos en sus cargos públicos. Ahora bien, tal cosa no podría suceder de manera inmediata. Para que dicho efecto se produzca, es preciso que el auto de procesamiento dictado sea firme. Y no lo sería desde un primer momento, porque dicha resolución resultaría recurrible ante la Sala de Apelaciones del Supremo. Por tanto, hasta que esta instancia judicial no se pronuncie, el auto de procesamiento no será firme.
La Sala de Apelaciones dará a conocer hoy, por otra parte, su decisión sobre los recursos de Jordi Sànchez y Joaquim Forn para pedir su salida de prisión. La posición defendida por la Fiscalía General del Estado, a favor de facilitar la excarcelación de Forn mediante la imposición de una fianza, causó gran sorpresa en el Supremo, generando muchas especulaciones sobre la posibilidad de que se rechace la propuesta, máxime a la vista de que los fiscales encargados del caso no eran partidarios de la medida. Y todo ello alimenta, a la vez, la tesis de endurecimiento de la respuesta del Supremo al avance de la investigación sobre el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia (DUI).