Visto para sentencia
La vista da pie a un nuevo choque entre Manos Limpias y la defensa de la infanta
El Tribunal Supremo acoge el último acto del caso Nóos, en el que se ven los recursos de casación presentados contra la condena de la Audiencia.
El último acto del caso Nóos ante los órganos judiciales tuvo lugar ayer en el Tribunal Supremo (TS), donde se vieron los recursos de casación presentados contra la sentencia de la Audiencia de Palma que condenó a seis años y tres meses de prisión a Iñaki Urdangarin, cuya esposa, la infanta Cristina, fue entonces absuelta, sin que nadie haya recurrido este extremo. La fiscal encargada del asunto, Ángeles Garrido, consideró que el exduque de Palma fue el “instigador” y el “motor” de los hechos de corrupción investigados, junto a su exsocio Diego Torres. Y pidió que la pena impuesta a Urdangarin se eleve a diez años de prisión y que la de Torres pase de los ocho años y seis meses a 12 años y cuatro meses.
En cierto modo, la vista fue el epílogo del caso, ya que una de sus notas destacadas residió en el choque entre el representante de Manos Limpias, José María Bueno, y el de la defensa de la infanta, ejercida por el letrado Pau Molins. Desde el punto de vista judicial, el enfrentamiento en cuestión tuvo poco o ningún recorrido, porque la esposa de Urdangarin ya fue absuelta en el juicio que tuvo lugar en Palma, y a estas alturas esa decisión ya es plenamente firme. Pero el representante de Manos Limpias aludió a que las acusaciones que esta entidad formuló contra la infanta, en ejercicio de la acción popular, tenían mucho fundamento, a pesar de no haber prosperado, y con ello provocó una contundente réplica de Molins.
La tesis de Bueno fue que el Supremo debe anular la decisión de la Audiencia de Palma de imponer a Manos Limpias el pago de las costas del proceso a la infanta, precisamente porque las acusaciones que formuló tenían una base sólida. Citó, en este sentido, un informe de la Agencia Tributaria que “sigue estando ahí”. Molins, a su vez, replicó que los exdirigentes de Manos Limpias están ahora sometidos a un proceso en el que se les acusa de haber tratado de chantajear a la defensa de la infanta, pretendiendo cobrar una fuerte suma –se dijo en su momento que reclamaron 3 millones de euros– por retirar las acusaciones contra ella.
Para Molins, los “propósitos” de Manos Limpias “nada tienen que ver” con intereses judiciales, sino con otros de tipo “espurio”. Y añadió que la Sala podía comprobar cómo en el último año Manos Limpias “ha cambiado de letrado, de argumentos, pero qué lástima que no ha cambiado de estilo”.
El letrado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, sostuvo a su vez que su defendido debe ser absuelto, a pesar de que haya sido “condenado por una parte de la sociedad”. Argumentó que todos los contratos y convenios que suscribió para la promoción de la cultura del deporte fueron cumplidos. La fiscal, en cambio, estimó que para obtenerlos tuvo que forzar la respuesta de la Administración balear, llevándola a incumplir la legalidad y a pagar precios hinchados por los servicios obtenidos. Una versión de los hechos combatida enérgicamente por la defensa de Torres, ejercida por el letrado Manuel González Peeters, para quien “todas las tesis de las acusaciones particulares carecen del más elemental de los soportes”.
Un argumento al que Mario Pascual Vives añadió el de que “la vinculación del señor Urdangarin con la familia real, si hubiera ayudado al Instituto Nóos a conseguir contratos, constituiría en tal caso una influencia impune por atípica y menos aún que mereciera reproche
El exduque de Palma niega fraude alguno en los contratos y reclama la absolución
penal”. Por atípica hay que entender aquí que dicha circunstancia no está prevista en la ley, es decir, que no encaja en ninguno de los tipos penales vigentes.
La Abogacía del Estado, cuya función es defender los intereses de la hacienda pública, planteó a su vez que la cantidad de 265.088,42 euros que la infanta debe pagar en concepto de responsabilidad civil como beneficiaria a título lucrativo de las irregularidades de su esposo ha de incrementarse en 35.000 euros. En paralelo a la vista, el juez instructor, José Castro, ya jubilado, tampoco quiso permanecer esta vez ajeno al episodio y dijo –en declaraciones a la cadena Ser– que en este asunto “procedería un incremento de las penas al apreciar delitos añadidos a los que ya fueron condenados”.