President de choque

Se complica, una vez más, la elección del nuevo president de la Generalitat. El juez Llarena –que tiene mucha prisa– es amo y señor del futuro de Jordi Turull, que es el último nombre que opta a la presidencia, después del paso al lado (provisional) de Puigdemont y de la renuncia de Sánchez. La presión judicial sobre la escena política no afloja y hace imposible que haya un terreno apto donde pueda asentarse fácilmente el pragmatismo táctico de los dirigentes y de los sectores más predispuestos a hacer gobierno y bajar el volumen de la contestación. Se viven momentos agónicos, como ocurre desde hace meses.

Hace unas horas, todo dependía de la posición de la CUP, dispuesta a hacer valer sus cuatro diputados como si todavía fueran diez. El nuevo giro de guión –casualmente después de que el ministro de Justicia declarara que Turull no es un candidato bien visto– nos recuerda que, desde el día en que fueron detenidos los Jordis, el conflicto está regido por el uso de la llamada violencia legítima del Estado. Las demás consideraciones han pasado a un segundo plano. El movimiento de Llarena vuelve a dar alas a los que repiten que el bloque independentista no tiene otra opción que llevar hasta el final el pulso con el Estado para demostrar así el abuso y la arbitrariedad del aparato judicial. Mañana viernes, Llarena decidirá si envía a Turull y cinco diputados más a la cárcel.

Ayer al mediodía, parecía que las fuerzas independentistas sólo tenían dos opciones: o investir president un diputado que no esté señalado por la justicia o dar por muerta la legislatura. Pero vieron una tercera posibilidad: investir a Turull a toda máquina hoy mismo, para generar un cortocircuito en la cadena punitiva, subrayar las contradicciones del Gobierno popular y ensayar un efecto bumerán a partir del nuevo escenario de eventual bloqueo. Eso podría generar una reactivación del campo soberanista y alargaría las incertidumbres en Barcelona y Madrid.

Volvemos a lo que ya hemos dicho y escrito antes: hay que acertar en la detección del mal menor, que es lo que toca cuando ninguna carta es buena. A mi entender, el mal menor es hacer gobierno y recuperar inmediatamente la gestión de todos los departamentos de la Generalitat. La presión judicial rompe esta idea, porque hace evidente una anormalidad que ya no depende del 155 sino del hecho que fiscales y jueces han recibido el encargo de resolver un conflicto que es de naturaleza política, no penal. Pero, a pesar de esta circunstancia, hay una diferencia sustancial entre un movimiento político que dispone de palancas institucionales y un movimiento que no las tiene. Una parte del independentismo desprecia hoy las palancas autonómicas, por miedo de ser acusado de autonomista, sin distinguir entre medios y fines. Esta misma parte aceptó tomar parte en las últimas elecciones, inevitablemente autonómicas y vigiladas. Cuesta de entender.

Si un eventual president Turull entrara en prisión, nadie sabe qué pasaría, pero algo se puede vaticinar: costaría que los más pragmáticos del independentismo fueran escuchados o que una nueva figura optara a la presidencia como si nada. Es lo que sucede cuando la política no la hacen los políticos y se deja en manos de los que deben aplicar las leyes. Es lo que sucede cuando se exige normalizar la vida institucional pero eso sólo va acompañado de más represión y de medidas discutibles, desproporcionadas o claramente inadecuadas.

Nuevamente, todo lleva al colapso. Los guionistas del proceso no pueden desmarcarse de una lógica perversa. Vivimos en vísperas perpetuas de una insurrección, pero esta insurrección nunca llega, como pudimos comprobar el 27 y 28 de octubre, cuando después de la DUI todo el mundo que tenía alguna responsabilidad desapareció. Una investidura exprés de Turull antes de que lo llame el juez Llarena nos conduce a un escenario intransitable, donde todo se reduce a una exhibición de fuerza del Estado y a una demostración de resistencia del independentismo. Es inevitable que el tacticismo más nervioso acabe dominando el relato independentista, porque las razones de un giro estratégico a largo plazo son de mal argumentar cuando todo depende de la aceleración de un juez. Los dirigentes de ERC y del PDECat que quieren componer un nuevo planteamiento independentista más realista y de ritmo más pausado quedan en fuera de juego por las decisiones judiciales de este momento.

El ciclo de indignación y de represión aparece como una noria sin fin. Las perspectivas son de más niebla y confusión. Los intentos de introducir en el independentismo un discurso menos reactivo y menos visceral están condenados al fracaso porque cada día hay más sal en la herida. Estamos en un punto en que es normal que muchos se pregunten qué sentido tiene que los independentistas se puedan presentar a las elecciones si, después, son tratados como una ideología prohibida, que ha de ser extirpada. No sólo los independentistas han cometido errores. El Estado español debe empezar a tener sentido de Estado más allá de la razón de Estado.

Una investidura exprés de Turull antes de que lo llame el juez Llarena nos conduce a un escenario intransitable