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Los pasos a seguir para superar la grave crisis política catalana, y el alarmante aumento de la siniestralidad en las carreteras y ciudades catalanas.
LA prisión incondicional sin fianza dictada el viernes contra el presidenciable Turull y cuatro dirigentes más de los partidos independentistas, la activación de órdenes internacionales de detención y el pleno truncado de investidura en el Parlament representan una agónica vuelta de tuerca –no podemos asegurar que sea la última– de una grave crisis política que las elecciones del 21-D tenían supuestamente que reconducir. El colapso institucional tiende a cronificarse, pero ahora ya se ha puesto en marcha el reloj que marca la celebración de nuevos comicios si dentro de dos meses no se ha investido a un president de la Generalitat.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, mantuvo el pleno de ayer, pero decidió suspender la votación y dar voz a todos los partidos. Los discursos volvieron a evidenciar la enorme distancia que separa las fuerzas independentistas de los grupos que han apoyado la aplicación del artículo 155. La intervención de la jefa de la oposición, Inés Arrimadas, mantuvo el tono habitualmente duro contra la mayoría soberanista, mientras que los cuatro diputados del PP decidieron no participar. Por otra parte, Miquel Iceta, que pronunció un discurso de tono constructivo, extendió la mano para poner fin a la división de bloques y para buscar una salida a partir de la cesión de todos. Los comunes, por boca de Xavier Domènech, insistieron también en la necesidad de superar la política frentista y explorar la posibilidad de una amplia mayoría “transversal y progresista”, en la línea de lo que habían manifestado el jueves. Catalunya en Comú se sumó ayer, al lado de los tres grupos independentistas, a la declaración institucional de Torrent para denunciar lo que considera una “involución democrática sin precedentes”.
Durante tres días de alta intensidad, hemos asistido a la convocatoria exprés de un pleno de investidura, a una votación que ha mostrado la falta de unidad de la mayoría independentista, a un auto del juez Pablo Llarena que –como decíamos ayer– habla de una violencia que contrasta con la realidad de un proceso siempre pacífico, y a manifestaciones contra unas decisiones judiciales que causan sorpresa en muchos, también más allá del perímetro del independentismo. La sociedad está cansada, y la indignación de unos se suma al malestar de otros. Vivimos en una espiral de tacticismo, judicialización, improvisación e inmovilismo. Catalunya necesita una salida urgente.
Lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a repetir, con más énfasis si cabe: toca formar gobierno. Los que consiguieron una mayoría el 21-D deben investir un president que no tenga causas pendientes con la justicia y pueda liderar la recuperación de las instituciones autonómicas y trabajar para que, lo antes posible, la política vuelva a primer plano. No es fácil, hay que fijar nuevas estrategias y emitir un discurso claro y sincero, pero es una responsabilidad inaplazable. A pesar de la dureza del momento judicial, hay que aterrizar en el posibilismo. Para hacerlo, Carles Puigdemont debe tomar las decisiones que son indispensables, más allá de cualquier personalismo estéril. Es obligado también recuperar el diálogo y los acuerdos con los grupos que han mostrado esta predisposición, como socialistas y comunes, sobre todo cuando la CUP ha hecho saber que pasa a la oposición. Es hora de asumir la complejidad, romper la lógica de bloques y reconstruir consensos básicos a partir del mínimo común denominador de un catalanismo amplio. Sólo hay una salida real y es esta. Y el reloj corre.