Superar los bloques
El paso de la CUP a la oposición abre la puerta a otras alianzas. Esquerra explora una abstención de los comunes, pero el candidato es un escollo difícil de sortear
El gobierno de los jueces”. Así ha definido Felipe González lo que está ocurriendo en España con el encarcelamiento preventivo de los líderes independentistas. Existe un gobierno de los jueces cuando éstos toman decisiones que corresponden a los políticos. A políticos que no las han tomado cuando debieran. González aún dijo otra frase terrible: “Hay una especie de subasta”. Y pocas horas después, el juez Pablo
Llarena enviaba a la cárcel a otros cinco dirigentes del proceso soberanista. Como persona que conoce bien los resortes de un Estado, el expresidente reclamaba a los tribunales que fueran “exquisitamente garantistas” porque quizá algunos crean que la cárcel es la forma de vencer al independentismo, pero forzar la interpretación de las leyes en una situación como ésta sólo socava los pilares fundamentales del Estado. Y, de paso, favorece las posiciones más intransigentes. “España tiene un pollo de cojones”, se jactaba Carles Puigdemont desde Bruselas tras las elecciones del 21-D. Una parte del independentismo estaba asimilando el fracaso de la estrategia unilateral, mientras otra pugnaba por seguir en la dinámica del enfrentamiento. Pues bien, la última decisión judicial entorpece la asunción de un camino pragmático y realista.
El pleno para intentar investir presidente a Jordi Turull el pasado jueves acabó siendo un ejercicio de impotencia que evidenció la debilidad de la mayoría independentista, pero resultó muy instructivo en otros aspectos. Fue relevante el discurso del candidato. Cierto que estuvo limitado por la necesidad de no exponerse a arriesgar su libertad condicional, pero es relevante que un dirigente cuyo independentismo es indiscutible y que no puede ser tildado de traidor pusiera sobre la mesa un plan de gobierno que se ciñe a la ley sin ningún tipo de discusión. Y el segundo punto destacable fue el desmarque de la CUP, lo que abre la puerta a otras alianzas parlamentarias posibles. Empiezan a escucharse discursos sobre la necesidad de romper el esquema de bloques de estos años, aunque su plasmación es difícil.
Entre los republicanos y los comunes se ha producido alguna conversación informal para explorar un acercamiento, pero éste es aún muy tímido. Esquerra considera que un candidato sin causas judiciales y que se presentara con un discurso similar al que desgranó Turull podría convencer a los comunes para que se abstuvieran y propiciar así su elección. Un perfil como el del republicano Roger Torrent, presidente del Parlament, tendría ese beneplácito. El problema es que el nombre no lo decide ERC, sino Junts per Catalunya y ése es un mal trago para los comunes. Xavier Domènech llamó ayer a crear lo que en su partido denominan un “frente anti-represión” que fuera más allá de las fuerzas independentistas, pero de ahí a favorecer a un candidato elegido por Puigdemont o por el PDECat hay un trecho casi imposible de sortear.
De momento, Domènech esperará a que JxCat y ERC agoten todas sus opciones (hay tiempo hasta el 22 de mayo antes de convocarse elecciones), puesto que aún existe la posibilidad de que esas dos formaciones tengan mayoría si Puigdemont y el exconseller Toni Comín dejan sus escaños por voluntad propia o porque sean suspendidos por el Tribunal Supremo. La presión sobre ellos continúa. En los últimos días, Joan
Tardà y Gabriel Rufián les han instado a entregar sus actas de diputados. Los comunes preferirían ese escenario, que les permite ejercer de oposición a ERC en el flanco social y limitarse a cooperar sólo en el “frente anti-represión”. También Miquel Iceta invitó ayer a tejer “amplias mayorías” que superen la dinámica de bloques, pero tendrá que transcurrir tiempo y cambiar mucho los discursos como para que el PSC pueda alcanzar acuerdos con JxCat o con ERC.
Superar el muro entre los dos bloques que ahora mismo divide Catalunya es el primer paso, necesario, para restañar algunas de las heridas que sufre esta sociedad. Ayer en el Parlament se escucharon incipientes voces en esa dirección. Pero no es sólo una cuestión que se dirima en la Cámara catalana. Sin entrar en la pertinencia de los argumentos del juez Llarena, su orden de enviar a prisión provisional a otros cinco líderes independentistas tiene consecuencias.
Y es una decisión que radicaliza posiciones, induce a la inquina y ahonda la fractura social. En las últimas semanas se produjo un indicio de que el Gobierno de Mariano Rajoy deseaba aflojar algo la presión cuando la Fiscalía General del Estado ordenó –y así lo difundió– pedir la libertad bajo fianza del exconseller Joaquim Forn. El juez del Supremo no accedió. El PP dejó en manos de los tribunales el conflicto catalán, ahora los jueces deciden.
Esta semana, en el Congreso, el presidente del Gobierno expresó por primera vez en público su diagnóstico sobre el contencioso catalán. “Han subestimado ustedes al Estado y han sobrevalorado a sus líderes”, le respondió al diputado del PDECat Jordi Xuclà. Quizá haya sido así, a la vista del desenlace que supuso la declaración unilateral de independencia. Pero Rajoy también infravaloró lo que estaba ocurriendo en la sociedad catalana en los últimos años. Seguir haciéndolo sería un gran error.
Superar el muro que divide Catalunya es vital, pero no sólo depende del Parlament