El desacuerdo entre ministerios frena la ley del cambio climático
Dos ministerios siguen en liza sobre cómo definir los planes para cumplir el acuerdo de París
La redacción de la ley de Cambio Climático se le atraganta al Gobierno. El atasco es claro. Su elaboración fue un mandato al Gobierno aprobado por el Congreso de los Diputados hace siete años. También fue una promesa de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la Cumbre del Clima de la ONU celebrada de Marrakech (2016). Pero aún hoy no hay ningún borrador que esboce cómo será la transición energética en España; al menos, en su primer paso hasta el 2030.
La ley debe dar cumplimiento al acuerdo de París (2015) contra el cambio climático, que comporta para la UE el compromiso de reducir sus emisiones de gases invernadero al menos un 40% en 2030 respecto a las de 1990. Pero en España, sin un liderazgo claro, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, por un lado, y el de Energía, por otro, siguen en liza trabajando de manera interna en dos procesos paralelos que no convergen.
Para elaborar la ley, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente emprendió un proceso participativo y recopiló alrededor de 350 aportaciones de diversos sectores, mientras que Álvaro Nadal, ministro de Energía, se rodeó de su propio grupo de expertos, que ayer entregó sus conclusiones. Pero el PSOE adelantó que rechaza su contenido.
El ministro Nadal aseguró hace unos días que la ley de Cambio Climático no se presentará hasta que se apruebe la normativa europea al respecto. “Una vez que esté aprobada, se llevará a cabo la transposición a nuestro ordenamiento jurídico”, sentenció. Fue un jarro de agua fría para quienes estaban pidiendo diligencia. “La ley está paralizada; el Gobierno se ha preocupado más de bloquear la ley catalana de Cambio Climático que de elaborar la suya propia”, dice Juantxo López Uralde, diputado de Equo-Podemos.
Teresa Ribera, directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) –prestigioso centro de estudios francés–, sostiene que “esta es una de las leyes más anunciadas por Rajoy, pero aún no hemos visto ningún planteamiento concreto, salvo la afirmación de la ministra Isabel García Tejerina de que se está trabajando en ello”.
“No hace falta esperar a las directivas, ya que España tiene firmados compromisos internacionales de obligado de cumplimiento”, replica Teresa Ribera al ministro Nadal. “Su responsabilidad es anticiparse, invertir y preparar a los numerosos sectores de
EXPERTOS CONSULTADOS Los técnicos prevén que el carbón se elimine en el 2030 y piden alargar la vida de las nucleares
su competencia ante la realidad del cambio climático”, remacha.
Nadal se ha caracterizado hasta ahora por su defensa acérrima del carbón (combustible de altas emisiones de gases) y por cuestionar un aumento destacado de las renovables en España en el futuro.
En este contexto, el grupo de expertos designado por Álvaro Nadal presentó ayer sus conclusiones, que van a servir al ministro de Energía para posicionarse ante la elaboración de la citada ley (pues ese dictamen no es vinculante). ¿Y qué proponen estos expertos? Apuntan en sus proyecciones un abaratamiento de la electricidad (casi un 7%) y un encarecimiento del gas y los derivados del petróleo (especialmente del gasóleo, con un 28,6%), como estrategia para lograr un sistema productivo que emita menos CO2 y provoque menos calentamiento.
Igualmente prevén la desaparición del carbón en el mix eléctrico para el 2020 (ante la previsión de un fuerte encarecimiento de los derechos de emisión). Asimismo, abogan por la prórroga de la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años de funcionamiento, para evitar –dicen– el incremento de las emisiones de CO2 y evitar un encarecimiento de costos del mercado eléctrico de un 20%.
Igualmente plantean elevar hasta el 29,7% la participación de las renovables en el conjunto de energía final (por encima del 18% actual, pero lejos del 35% que propone el Parlamento europeo). Una medida llamativa es la propuesta para sacar de la tarifa eléctrica los extracostes derivados del apoyo a las fuentes renovables para que estos sean asumidos con los presupuestos generales del Estado (o, si no es posible, repartirlos entre todas las energías finales).
Hugo Morán, secretario de Transición Energética en la Ejecutiva del PSOE, expresó su rechazo a las conclusiones del informe. “Hay cuestiones “inaceptables”. En primer lugar, “no se plantea una reforma en profundidad del mercado eléctrico para modificar el sistema de fijación de los precios”, que es el verdadero quid de la cuestión. Los socialistan opinan que el sistema actual de establecimiento de precios de la electricidad es inadecuado pues no permite visualizar que las energías renovables abaratan el precio de la luz.
El PSOE además rechaza la prórroga de la vida a la nucleares, y en su 39.º congreso federal aprobó cerrarlas al cumplir 40 años de vida. “Tampoco estamos de acuerdo en que no sea posible alcanzar en el 2030 el 35% de renovables, como estamos defendiendo en el Parlamento europeo”, añadió Hugo Morán.
La experta Teresa Ribera señala que las conclusiones “de los exper- tos del ministro Nadal” al menos tienen la virtud de “reactivar el debate” sobre las medidas que deben abordarse para la fase de transición energética, pues permitirán “discutir y contrastar las distintas valoraciones técnicas” presentadas. No obstante, critica que no se propongan “las modificaciones regulatorias necesarias que deben acompañar las medidas”; por ejemplo, el cambio en el sistema de fijación de precios de la electricidad.
Ribera apoya la idea de un incremento de la imposición fiscal sobre los vehículos diésel, pero echa en falta enfoques más amplios para modificar la fiscalidad ambiental globalmente (incentivo a inversiones limpias, exigencia de informes de transparencia sobre los impactos climáticos de las inversiones...).
Jordi Ortega, premio extraordinario con una tesis sobre transición energética y cambio climático por la Universidad Carlos III, discrepa de la idea de que el cierre de las centrales nucleares incrementaría el precio de la electricidad en un 20%. Y cita como ejemplo lo ocurrido los últimos años en Alemania. Además, dice, “la Comisión Europea consideraría un escándalo que se quiera convertir a España en exportador neto de electricidad a Francia al llevar parte de sus costes a los presupuestos, esto es, vender electricidad con ayudas de estado o subvenciones”, dice. Añade que tampoco ve en el informe una verdadera apuesta para suprimir el impuesto al sol que penaliza ahora la producción del autoconsumo con energía fotovoltaica con una potencia de más de 10 kW.
TERESA RIBERA Apoya la idea de gravar el diésel, pero echa en falta una reforma ambiental más amplia
REACCIÓN SOCIALISTA El PSOE rechaza la prórroga nuclear y pide otro modo de fijar el precio de la electricidad
MODELOS EN CUESTIÓN Las propuestas de los expertos designados por el ministro Nadal activan la discusión