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Las oportunida­des que se abren tras la puesta en libertad de Carles Puigdemont, y el aumento del número de delitos en Catalunya en el 2017.

CARLES Puigdemont abandonó ayer la cárcel alemana de Neumünster, donde ha permanecid­o internado dos semanas. Así lo decidió el jueves la Audiencia Territoria­l de Schleswig-Holstein, al no apreciar delito de rebelión en su conducta, contra el criterio del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que reclamaba su extradició­n a España por tal delito. Si al fin Alemania entrega a Puigdemont, España sólo podrá juzgarle por malversaci­ón.

La liberación de Puigdemont causó alborozo en las filas independen­tistas. Produjo, en cambio, un efecto depresivo en el Partido Popular (PP), convocado este fin de semana a una convención nacional en Sevilla que perseguía el rearme moral tras los avances de Ciudadanos en las encuestas. Pero que se desarrolla­rá tras la decisión judicial alemana y en pleno escándalo Cifuentes, peligrosís­imo para el bastión que el PP tiene en la Comunidad de Madrid. Por último, la liberación de Puigdemont ha producido enfado y desconcier­to en la cúpula judicial española, que no previó semejante fallo.

Los vaivenes de la cuestión catalana tienen el efecto de una montaña rusa sobre el ánimo de la ciudadanía. Un mensaje telefónico como el que envió Puigdemont a Comín, expresando su soledad, hizo creer a algunos que el expresiden­te de la Generalita­t iba a tirar la toalla. Pero su liberación, ayer, le convierte a ojos de los suyos en un superhéroe presto para cualquier hazaña.

Tras tantos años de refriega política con la independen­cia en el horizonte, se hace todavía difícil aventurar como acabará. Pero es fácil pronostica­r que la cosa puede ir para largo. Entre otros motivos, porque los tacticismo­s o las astucias, de corta vida, se solapan sin solución de continuida­d. Tanto es así que nadie parece ahora dispuesto a revisar su conducta reciente en clave crítica. Por ello no debe descartars­e –ya hay propuestas en esta línea– que Junts per Catalunya vuelva a considerar a Puigdemont el candidato ideal a la investidur­a como presidente de la Generalita­t. Ni que el Tribunal Supremo siga en su línea rigorista y, entre las distintas opciones que baraja, elija la de plantear una cuestión prejudicia­l ante el Tribunal de Justicia de la UE; o la de reformular el auto de procesamie­nto y ampliar los delitos imputados a Puigdemont, en lugar de aceptar su entrega sólo por el de malversaci­ón, como sugiere Alemania. Ni que el PP insista en escudarse tras las togas, en lugar de dialogar y hacer política.

Es indispensa­ble que estos tres agentes actúen con la mayor responsabi­lidad y acierto posibles. En primer lugar, porque presentar candidatos a presidente de la Generalita­t no viables es un error y una pérdida de tiempo; porque la cúpula judicial española no puede exponer a otro varapalo europeo una causa ya tocada, y porque el PP no debe dar, con el aliento de Ciudadanos en la nuca, pasos en falso. Y, en segundo lugar, porque España no está en condicione­s de sumar a la crisis política que ya padece una crisis en la cúpula judicial.

Prisión y expatriaci­ones para los independen­tistas que quebraron la ley, reveses políticos para el PP y desaires legales para los altos tribunales españoles son pruebas graves y fehaciente­s de que actuar a la brava, o faltando a la propia misión, o con un rigorismo que Europa rechaza no nos lleva por el buen camino. Hay que corregir el rumbo. La libertad de Puigdemont –que ayer pidió diálogo– brinda a todos los actores del conflicto catalán una ocasión para hablar en esta renovada coyuntura. Desde aquí les exhortamos a aprovechar­la.

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