Reclamación por Castor
El Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del Castor, el almacén submarino de gas ubicado frente a la costa de Castellón.
El Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del Castor, el almacén submarino de gas ubicado frente a la costa de Castellón, y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años, “más los daños causados”.
Las tres entidades formularon ayer ante el Gobierno una “reclamación de responsabilidad del Estado legislador” en la que solicitan la devolución del dinero aportado, según informaron fuentes jurídicas.
El Gobierno suspendió en septiembre del 2013 la actividad de inyección de gas en Castor, tras registrarse cientos de seísmos en la zona. Posteriormente, aceptó mediante un decreto ley la renuncia a la concesión que tenía Escal UGS, empresa controlada por la constructora ACS que preside Florentino Pérez. Se fijó entonces una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía concesionaria, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años. El Santander, CaixaBank y Bankia financiaron al Estado para que pudiera pagar la indemnización. De esta manera, los bancos empezaron a recuperar los fondos a cargo de la factura del gas.
Pero el pasado mes de diciembre el Tribunal Constitucional anuló varias disposiciones del decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno había aprobado en el 2014 y por el que se había fijado la indemnización para los promotores del almacén. En opinión del tribunal, no concurría una “situación de extraordinaria y de urgente necesidad” que justificara aprobar un decreto ley para “atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista”. Es decir, no creía que el pago a los bancos se tuviera que hacer con cargo al recibo del gas por la vía de un decreto-ley en vez de por la tramitación de una ley ordinaria.
Como consecuencia de la sentencia, el pasado 31 de enero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), decidió dejar de pagar a los bancos los 6,7 millones de euros mensuales que abonaba y que procedían de la factura del gas. Esos pagos, a los que si se suman los intereses ascienden a más de 4.700 millones en los 30 años previstos, vendrían a suponer unos dos euros de sobrecoste medio por recibo del gas durante 30 años. La CNMC redistribuye todos los meses el dinero que recaudan los distribuidores y transportistas de gas y electricidad entre los distintos agentes que tienen derechos de cobro en el sistema eléctrico y en el gasista, y entre los que ya no figuran los bancos. Desde el 2016, los bancos han recibido por esta vía casi 150 millones de euros.