Lula se atrinchera para evitar su ingreso en prisión
Miles de sus partidarios custodian en la calle al expresidente
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva todavía no se había entregado a la policía, al cierre de esta edición. El juez del caso Petrobras, Sérgio Moro, ordenó el jueves el ingreso en prisión del exmandatario y le dio un día para entregarse en su juzgado de Curitiba. El plazo venció ayer a las cinco de la tarde de Brasil (diez de la noche en España) y a esa hora Lula permanecía dentro del Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, en el extrarradio de São Paulo, mientras en la calle unos 10.000 simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT) rodeaban el edificio con la intención de evitar la detención. No obstante, un abogado del expresidente afirmó ayer que Lula no se resistiría al arresto de la policía.
Lula, que pasó la noche del miércoles al jueves en el sindicato donde inició su carrera política, permaneció allí todo el día. También ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó una nueva petición de habeas corpus presentada in extremis por sus abogados.
Mientras tanto, la dirección de la Policía Federal tenía preparado un helicóptero para trasladar a Lula a Curitiba, donde le espera una celda especial preparada en un recinto policial. No obstante, anoche fuentes policiales descartaban entrar en el sindicato bloqueado para detener al expresidente ante la gran multitud congregada.
Tras la inesperada orden de prisión dictada a última hora del jueves por el juez del caso Petrobras, Sergio Moro, Lula se traslado a la emblemática sede del Sindicato de Metalúrgicos, muy cercana a su domicilio. El candidato presidencial que, con el 37%, lidera las encuestas para las elecciones de octubre, pasó esa noche en el edificio acompañado de amigos, sindicalistas y dirigentes del PT, mientras cientos de simpatizantes ya se concentraban a las puertas y estallaban las protestas por todo el país, con cortes de calles y carreteras.
El exmandatario (2003-2010) fue condenado en primera instancia en julio del 2017 por Moro a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero por recibir como soborno de la constructora OAS un apartamento tríplex en la playa paulista de Guarujá a cambio de conseguir contratos con la petrolera estatal. La defensa de Lula alega que fue sentenciado sin pruebas, puesto que no hay constancia de que visitara la propiedad, que no está escriturada a su nombre ni de ninguno de su familiares.
Después del recurso, el Tribunal Regional Federal (TRF) de Porto Alegre –segunda instancia– ratificó en enero pasado la condena y aumentó la pena a doce años y un mes. La norma habitual en la justicia brasileña es el ingreso en prisión cuando un fallo es confirmado en segunda instancia, sin esperar la resolución de recursos ante el TSJ y eventualmente, ante el Tribunal Supremo. No obstante, Lula presentó un habeas corpus preventivo para no ser detenido y dilatar su encarcelamiento hasta que no se resolviera la cuarta y última instancia.
En una maratoniana sesión transmitida por televisión, los magistrados del Supremo decidieron el miércoles rechazar el habeas corpus por seis votos a cinco, trasladando al máximo tribunal la división que vive el país y dejando a Lula a las puertas de la prisión. No estaba previsto que Moro ordenara la detención de Lula hasta que el TRF analizara durante abril los últimos recursos aclaratorios sobre la ejecución de la sentencia, que pretendían dilatar el ingreso en la cárcel del exmandatario. Sin embargo, Moro no esperó ni 24 horas a dictar la orden de prisión.
No es la primera vez que Lula es enviado a la cárcel, aunque entonces la situación política era muy diferente. A principios de los ochenta la dictadura (1964-1985) se acercaba a su fin pero los militares seguían reprimiendo con dureza a los movimientos izquierdistas. Lula, que en los años setenta se había convertido en secretario general del influyente sindicato del metal del cinturón industrial de São Paulo, impulsó en 1980 una larga huelga en demanda de mejoras salariales, coincidiendo con la fundación del PT por parte de sindicalistas, grupos de izquierda e intelectuales católicos partidarios de la teología de la liberación.
Detenido junto a otros líderes sindicales, Lula pasó 31 días en un calabozo del Departamento de Orden Político y Social –policía política– durante los cuales falleció su madre y fue autorizado a asistir al funeral custodiado por agentes. La huelga finalizó y quedó en libertad. En 1981 fue condenado por la justicia militar a dos años y seis meses por desórdenes públicos, aunque tras los correspondientes recursos el juicio fue finalmente anulado.
EN SÃO BERNARDO DO CAMPO El líder brasileño se encierra en el sindicato donde inició su carrera política
RECURSO JUDICIAL IN EXTREMIS El Tribunal Superior de Justicia rechaza un nuevo habeas corpus del exmandatario