Supremo y Fiscalía quieren llevar la decisión alemana a la justicia de la UE
El Tribunal de Luxemburgo decidiría si la euroorden se ha aplicado correctamente
El Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado estudian dar una respuesta contundente a la justicia alemana, ante su negativa a entregar al expresidente Carles Puigdemont a España por el delito de rebelión. No se trata, obviamente, de desatender la decisión sino de causar un conflicto que se encauce en instancias jurídicas europeas, en concreto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuestionando la resolución de los jueces germanos por estimar que han aplicado de forma indebida las fórmulas que deben regir la tramitación de las euroórdenes de detención.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein provocó una enorme contrariedad en el Supremo y entre los fiscales encargados del caso 1-O. Pero a la decepción inicial por el revés sufrido siguió el análisis de las posibles estrategias de respuesta y la que se ha abierto paso en primera instancia es la de acudir al citado Tribunal de Luxemburgo con lo que se denomina una cuestión prejudicial. No se trata de plantear un recurso, ya que la misión de esta institución europea no es revisar decisiones judiciales, sino garantizar una correcta aplicación de las normas comunes en la UE.
El juez Pablo Llarena, encargado de instruir el caso 1-O en el Supremo, aún no ha dado un paso, porque lo primero es estudiar a fondo la resolución de los jueces alemanes, pero oficiosamente se aseguraba ayer que, con independencia de que puedan adoptarse también otras medidas, la de acudir al citado Tribunal de Justicia de la UE es prácticamente segura. Por esta vía se va a cuestionar la actuación del Tribunal de Schleswig-Holstein, ya que la tesis de jueces y fiscales del Supremo es que dicha instancia se ha excedido en sus valoraciones sobre el caso 1-O al entrar en consideraciones sobre el uso o no de violencia en los hechos enjuiciados en términos que no son de su competencia.
En este sentido se subraya que los jueces alemanes no han descartado que alrededor del proceso independentista hubiera actos violentos, pero sí han considerado que el grado de violencia utilizado no adquirió la relevancia suficiente como para que el Gobierno tuviera que ceder “ante las exigencias” de los que utilizaron tales métodos. En este sentido, los magistrados germanos afirman en su resolución que “los actos violentos que tuvieron lugar el día de la votación (el 1-O) se pueden imputar al acusado en cuanto iniciador y defensor del referéndum”. El Supremo y la Fiscalía estiman que este tipo de análisis no corresponde a la justicia del país receptor de la euroorden, porque supone entrar en el fondo del asunto y quiebra la esencia del sistema de cooperación judicial a escala europea, basado en el reconocimiento de la solvencia democrática de los respectivos ordenamientos.
La entrada del Tribunal de Luxemburgo en la gestión del conflicto supondría la suspensión de los trámites de la euroorden cursada a Alemania y probablemente también de las actuaciones de los órganos judiciales de Bélgica y Escocia, que también tienen pendientes reclamaciones similares relativas a exmiembros del Govern. Y ello podría dar cierto tiempo para que avance el proceso contra los procesados en España, presos o en libertad. La cuestión es relevante porque uno de los objetivos es evitar la idea de discriminación entre quienes están acusados de rebelión y quien no podría ser juzgado por este delito.
Pero las defensas no van a estar paradas. El letrado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, recurrirá la decisión de los jueces alemanes de acceder a la entrega del expresident por un delito de malversación, que considera inexistente. Si prospera esta iniciativa, la euroorden habría quedado desestimada en toda su extensión. La imagen de discriminación hacia el resto de procesados sería aún mayor, porque todos ellos podrían ser juzgados en España por dos delitos por cuya falta de reconocimiento otro país de la UE, Alemania, habría negado la entrega del máximo exponente del grupo de personas penalmente perseguidas.
Llarena estima que Alemania no debía entrar en el fondo del asunto para rechazar la petición española