El gobierno local trata in extremis de salvar la multiconsulta
El gobierno municipal tiene previsto entregar el lunes a los diferentes grupos municipales un “mapa de los recursos” que, hasta ahora, habría recibido la multiconsulta cuyas preguntas sobre la remunicipalización del agua y el cambio de nombre de la plaza Antonio López y López se tendrán que debatir y ratificar en el pleno del próximo martes. La alcaldesa Ada Colau trata de calmar así a los grupos de la oposición que exigen transparencia después de que se haya extendido internamente que el proceso de participación podría arrastrar entre cuatro y cinco contenciosos, contando los ya conocidos.
El compromiso se fraguó ayer en una reunión a puerta cerrada, explican fuentes conocedoras de la misma, en la que Colau junto a la concejal de Participación, Gala Pin, y el gerente del consistorio, Jordi Martí, defendieron durante una hora y cuarto el proceso participativo invocando la autonomía municipal... Aunque no tuvieron mucho éxito. La reunión ya no empezó bien. La mayoría de los presidentes de los grupos no acudieron a la convocatoria y delegaron la asistencia en sus portavoces –sí que fue la máxima responsable municipal de la CUP, María José Lecha–.
Algunos de los ausentes argumentaron problemas de agenda, aunque otros directamente quisieron expresar así su malestar sobre un proceso que consideran que se está forzando, que es más político que práctico, y derivado de lo primero, también por la manera de ser convocados a la reunión: el día anterior, entre las cuatro y media y las cinco de la tarde y a través de un correo electrónico, pero después de que hubiera trascendido que la Fiscalía investiga la cesión de datos para la multiconsulta. Las diligencias abiertas tienen como objetivo esclarecer si el Consistorio habría podido incurrir en un delito de revelación de secretos por ceder a una empresa datos del padrón.
Más allá de la investigación de la Fiscalía, por ahora, también han trascendido otros dos contenciosos que siguen vivos. Se trata del recurso presentado en enero por la Cámara de Concesiones y Empresas Vinculadas al Sector Público, del que forma parte Suez Environment, propietaria de Agbar, que es contraria a la remunicipalización del agua; y otro interpuesto por la Delegación de Gobierno en Catalunya.
La oposición planteó saber la fecha de la celebración –algunos grupos no ven claro que sea antes de verano–, y propuso alternativas más baratas a una multiconsulta que ya ha superado el coste de 2,5 millones de euros y que se ha quedado con dos preguntas ciudadanas a las que se podrían sumar dos impulsadas por Colau si consiguen el apoyo de 27 de los 41 concejales: sobre el futuro del solar vecino del hotel Rec Comtal y la opción de construir vivienda en el 22@.
La alcaldesa se compromete con la oposición a que el lunes les informará de todos los recursos