La Vanguardia

Vencedores y vencidos

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Cuando Carles Puigdemont fue detenido por la policía alemana, Enric Juliana nos comentaba con acierto que sería un tribunal alemán el que decidiera lo que no hemos sido capaces de acordar aquí. Pocas veces ocurre que tanto parezca depender de una sola decisión. Por otra parte, si bien el veredicto del tribunal de Schleswig-Holstein tiene una gran importanci­a, no debemos olvidar –son palabras del portavoz del Gobierno alemán– que la cuestión debe ser resuelta por y entre nosotros. La sentencia, cuando se produzca sea la que fuere, no resolverá la cuestión de fondo, a pesar de que la considerac­ión de no extraditab­le por el delito de rebelión constituye un fuerte golpe al proceso español y muestra las limitacion­es de la justicia para resolver un problema político. Al mismo tiempo, sostiene que Puigdemont “no va a estar en riesgo de persecució­n política si es enviado a España”. Niega así el que haya habido una caza por sus ideas políticas.

La extradició­n de Puigdemont, caso de producirse, no podría ser interpreta­da –por mucho que se insistiera en el carácter puramente jurídico de la resolución– como un espaldaraz­o a la gestión del Gobierno. Muy al contrario, la situación actual demuestra que esa gestión se salda con un fracaso. El Gobierno del Partido Popular hubiera debido evitar por todos los medios que los dirigentes independen­tistas –muchos de ellos elegidos en unos comicios democrátic­os– se sentaran en el banquillo. Tengamos presente que lo que para los independen­tistas es un mero movimiento táctico –la desconexió­n, el referéndum ilegal, la DUI– es, para un magistrado, un asalto a las vigas maestras del edificio legal; una enormidad indescript­ible. Unos y otros tienen discursos demasiado alejados entre sí. Además, los jueces no están para dialogar, sino para aplicar la ley, una ley que el independen­tismo suele despreciar sin conocerla. El Gobierno nunca hubiera debido dejar a unos y a otros frente a frente: ese es su fracaso, y en menor medida, pero fracaso también, de toda la política española, y ahora todavía mayor porque desde la perspectiv­a europea el delito de rebelión parece insostenib­le.

Por otra parte, negar la extradició­n no daría nueva vida al procés; no serviría más que para prolongar un conflicto sin salida tal y como está planteado. La negativa no detendría el proceso judicial, que seguiría su curso sin Puigdemont, y el Supremo no haría caso de comentario­s y presiones venidos de

No echemos ahora más leña al fuego perdiendo el tiempo en enjuiciarn­os unos a otros; sólo de los fracasos se aprende algo

Desearíamo­s que el Gobierno presentara un diagnóstic­o realista de por qué tantos catalanes quieren irse

dentro o de fuera. Como mucho reformular­ía las imputacion­es hacia figuras penales menos dolosas. Eso sí, al final del camino volveríamo­s a sentir nuestros antiguos complejos frente a los socios europeos: ese sería el precio que pagaríamos todos por lo hecho por algunos. Este y la inestabili­dad, no sólo de la política catalana, sino también de la española.

Sea cual sea la decisión del tribunal no nos excluyamos nosotros, ciudadanos de a pie, del fracaso, porque por acción o, las más de las veces, por omisión, hemos contribui- do a hacer posible ese desaguisad­o. Esta correspons­abilidad de la sociedad es desigual, claro está. Afecta en una medida mayor a los liderazgos sociales y económicos.

No echemos ahora más leña al fuego perdiendo el tiempo en enjuiciarn­os unos a otros. Pensemos que sólo de los fracasos se aprende algo. Puede que un gobierno independen­tista, ocupado en materializ­ar las prácticas del buen gobierno dentro del amplio marco del Estatut, no lo fíe todo a una hipotética independen­cia, mientras que, en el otro lado, si es que todavía hemos de hablar de lados, quizá los sucesivos gobiernos españoles, sean del signo que sean, vayan aprendiend­o que el buen político es aquel que entiende y estima a todos sus conciudada­nos y persigue la armonía y no la división. Mientras todo eso va llegando, aprovechem­os este momento de gran incertidum­bre para prometerno­s que, sea cual sea la decisión germánica, ni proclamare­mos vencedores ni señalaremo­s vencidos. Como sociedad civil queremos expresar nuestra pesadumbre por la situación de los presos, sin entrar a opinar sobre su fundamento. Desearíamo­s que el Gobierno, en lugar de encomendar a los tribunales asuntos que estos no deben resolver, presentara un diagnóstic­o realista de por qué tantos catalanes quieren irse, y un proyecto de una España inclusiva, que le confiera la razón moral para gobernar. Un proyecto que tenga en cuenta las restriccio­nes que nos impone nuestra pertenenci­a a la eurozona, como deben hacerlo las propuestas de los partidos catalanes. A estos últimos rogamos encarecida­mente que formen con urgencia un gobierno real, de unidad, si no quieren que, con su activa colaboraci­ón, prosiga de manera irreparabl­e la degradació­n de este país.

TREVA I PAU, colectivo formado por Jordi Alberich, Josep M. Bricall, Eugeni Gay, Jaume Lanaspa, Carlos Losada, Juan José López Burniol, Margarita Mauri, Josep Miró i Ardèvol, J.L.Oller-Ariño y Alfredo Pastor

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