‘Black corner’
El gobierno de Barcelona está pasando por el peor momento del mandato. Bien parece que a la alcaldesa Colau le crecen los enanos a falta de un año para las elecciones. Mañana volveremos a presenciar el ambiente preelectoral que se vive en el Ayuntamiento cuando se reprenda el pleno que la alcaldesa suspendió antes de Semana Santa por la alta tensión política que se respiraba. Y es que la lista de problemas que se acumulan en la mesa de Colau crece cada día que pasa. Veamos algunos: Imposibilidad de acuerdo del tranvía de la Diagonal, multiconsulta carísima investigada por la Fiscalía y cuestionada políticamente, conflicto irresuelto de los narcopisos, sin soluciones a la vista para la vivienda, preocupante falta de agentes de la Guardia Urbana y crecimiento alarmante de la delincuencia, cronificación del problema de los manteros, pérdida de la regata World Race, guerra abierta con las motos por el aparcamiento en la acera, críticas duras por el despliegue de los carriles bici, puentes rotos con sectores económicos claves de la ciudad… Y a todo ello hay que sumarle que el gobierno está más aislado que nunca, sin ningún aliado tras la expulsión del PSC, con un estancamiento en las encuestas y con el foco político centrado entre independentistas y constitucionalistas que deja a BComú en un incómodo camino de en medio.
El último conflicto que ha surgido es la acampada de los sintecho en la plaza Catalunya que divide al gobierno municipal entre los que creen que hay que retirarla antes de que se convierta en un grave problema y los que rechazan el desalojo porque recuerdan que fueron precisamente los Comunes que nacieron políticamente en una acampada (15M) en ese mismo lugar. En los anales de la gestión de gobierno de ICV, ahora integrada en BComú, encontramos un precedente a este conflicto. Culminó la madrugada del lunes 6 de agosto de 2001, cuando la ecosocialista Imma Mayol, en funciones de alcaldesa, ordenó a la Guardia Urbana que desalojara al centenar de subsaharianos simpapeles que habían acampado en una zona de la plaza Catalunya que bautizaron como black corner. La instrucción política fue clara: “En Barcelona no se puede acampar y menos de forma organizada”. Aquella actuación tuvo una réplica días después con una carga policial en la plaza André Malraux que acabó con más de un centenar de inmigrantes detenidos y que desató un alud de críticas.
El dilema que vivió el gobierno hace 17 años resurge ahora y se añade a otra reciente división de los comunes a partir de las declaraciones de condena de Colau por las acciones de los CDR que desagradaron a los sectores importantes de su partido y que obligaron a la alcaldesa a reclamar el derecho a discrepar dentro de su formación política.
Con este panorama no es extraño que surjan como setas todo tipo de plataformas, empezando por el resto de los partidos del Ayuntamiento, que se ven con ánimo de intentar desbancar a los comunes del gobierno. Por el contrario, parece que BComú se mantiene a la defensiva, sin reaccionar y no se vislumbra ningún plan para revertir esta situación por mucho que sean conscientes del trabajo que supone armar una hoja de servicios convincente para tratar de revalidar la victoria.
El gobierno de Barcelona sufre el peor momento del mandato con una lista creciente de conflictos irresueltos