El alcohol y los menores
Los expertos abogan por una ley que eduque en vez de multar o prohibir
Regular por ley el consumo de alcohol entre los menores es una de las grandes asignaturas pendientes en España que salta de legislatura en legislatura sin ser aprobada. El debate vuelve a estar ahora vivo en el Senado, en el enésimo intento por fijar una norma estatal con una realidad –la de los atracones de alcohol en concentraciones callejeras– de la que muy pocos menores y adolescentes escapan. El principal problema surge cuando hay que acordar medidas coercitivas, que van desde la prohibición por ley de los botellones en todo el país (una posibilidad prevista en el actual debate) hasta la imposición de multas o condenas de trabajos en beneficio de la comunidad a los menores sorprendidos bebiendo en la calle.
En los últimos años se han lanzado muchas propuestas, que al final no han pasado de ser globos sonda, sobre lo que debería regular esta ley. Algunas de esas ideas toman como referencia normativas autonómicas u ordenanzas municipales que en la mayoría de los casos no han dado los frutos deseados. Uno de los ejemplos más claros afecta al apartado de las multas. La experiencia ya ha demostrado que imponer sanciones de 500 o 600 euros a un menor por beber en la calle no parece ser la solución. La mayoría carece de recursos para pagar esas sanciones y además en algunas ciudades como Madrid la mayoría de estas multas, aplicadas a partir de una norma autonómica, son archivadas de forma sistemática por los jueces. Estiman que el procedimiento no es garantista, pues se basa sólo en la versión del agente que asegura haber visto como el infractor bebía en la calle, sin aportar ninguna otra prueba. Es como si se condenara a un conductor por circular ebrio sin hacer la prueba de alcoholemia, a partir únicamente de la versión de un agente.
La multa para prevenir el consumo de alcohol entre los menores no parece ser, por lo tanto, la mejor opción. Y no sólo por la respuesta que ya han dado los jueces a la política basada en el talonario de sanciones. “El menor que recibe esa multa por beber en la calle no acaba de comprender dónde está el problema, pues le están castigando por una conducta que ve en su casa, en las puertas de bares frecuentados por adultos o en las celebraciones familiares”, afirma Jaume Funes, psicólogo, educador y experto en el mundo de los adolescentes.
Afirmación que comparte Francisco Javier García-Castilla, sociólogo, trabajador social y docente en la UNED. “La vía punitiva, por sí sola, nunca va a servir para solucionar este problema. Esas multas, en caso de que la ley pendiente de aprobar las incluyera, deben de ir acompañadas de otras medidas que hagan entender, por ejemplo, a ese menor los riesgos de su conducta o las molestias que acarrean esas concentraciones”. Ignacio Calderón, vicepresidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), lo tiene también muy claro: “La nueva ley tiene que ser más preventiva que represiva”, afirma.
Los tres expertos coinciden, asimismo, en que otra de las propuestas discutidas en el debate sobre esta ley –la de prohibir a escala estatal el botellón– no sería tampoco la solución. “Primero sería muy difícil determinar que es un botellón o una simple concentración de adolescentes en un espacio público”, apunta Jaume Funes. García-Castilla considera, por su parte, “imposible eliminar de un plumazo algo que no deja de ser un reflejo de nuestra sociedad (las reuniones y encuentros con alcohol) si antes
SANCIONES INCOMPRENDIDAS
El joven multado por beber en la calle no entiende qué ha hecho mal, al pensar que sólo repite lo que ve cada día
CASTIGOS CON MENSAJE
Obligar a un trabajo en beneficio de la comunidad sólo es eficiente si el daño se ha causado en la ingesta
no se modificaran muchas cosas, como ofrecer a esos adolescentes alternativas de ocio para poder relacionarse entre ellos y desarrollarse como tales”. Calderón tampoco acaba de ver clara la efectividad de esa propuesta, que cree tendría que limitarse a situaciones muy concretas, “como los macrobotellones anunciados con antelación y que reúnen a miles de personas”.
En el debate sobre esta ley para regular el consumo de alcohol entre los menores hay otra propuesta que siempre está encima de la mesa. Es la del castigo a los infractores con trabajos en beneficio de la comunidad. Y como pasa con las multas, los expertos consultados por La Vanguardia vuelven a coincidir. Sostienen que esa medida sirve de poco si su aplicación no pasa de ser una respuesta mecánica, como sucede ahora con las multas.
“El trabajo en beneficio de la comunidad sólo está justificado si ese castigo tiene una relación directa con la conducta de ese menor durante la ingesta de alcohol. Es decir, si mientras ha durado ese botellón se ha destrozado parte de un parque, sí tendría sentido que el adolescente fuese obligado a reparar esos daños. Así tendría consciencia del daño social causado. Es un castigo más aleccionador y que va mucho más allá de la multa por el simple hecho de beber alcohol”, añade Jaume Funes. Francisco Javier García-Castilla opina lo mismo: “Un castigo de reparación, en estos casos, tienen que estar siempre relacionado con lo que se ha destruido”.
Ignacio Calderón reconoce que atajar estas conductas entre los adolescentes –que están pasando, asegura el vicepresidente de la FAD, una cara factura a miles de menores por consumos muy exagerados de alcohol– es especialmente complicado en un “país que vive en la calle, al que le gusta la fiesta y que recurre por norma general al alcohol para cualquier celebración”. Así que la única receta válida para solucionar el problema hay que buscarla en la educación.