La ciudadanía necesita una explicación

Por qué. Cristóbal Montoro deberá dar explicaciones al juez Llarena sobre sus afirmaciones de que el 1-O no se pagó con dinero público, en contra de lo que dice la Guardia Civil y que le sirve al Supremo para pedir la extradición de Puigdemont por malversación. Pero tendrá que dar otras explicaciones, a los catalanes y a los españoles. Se entiende muy mal que Hacienda, a través de la Abogacía del Estado, esté personada en la causa y, por ahora, no haya remitido ninguna documentación que avale las afirmaciones del titular de este ministerio. Como tampoco es comprensible que el departamento de Montoro enviara un requerimiento a la interventora de la Generalitat para que remitiera en marzo un prolijo informe que detallara hasta el extremo los pagos a empresas, personas y entidades afines al procés desde el 2015 mientras sigue diciendo, antes y después, que no hubo desvío de fondos públicos para fundamentar un delito de malversación.

Tendrá que explicar por qué le interesa incidir en estas afirmaciones, que no son la primera vez que las hace, justo ahora, con la decisión de Alemania sobre la extradición de Puigdemont pendiente. Y por qué lo dice de una manera tan directa cuando después apunta que puede haber otro tipo de malversación.

El malestar en el Gobierno y en el PP es grande, aunque los ministros se ajusten al argumentario de “que decida el juez”. El daño está hecho: se le ha dado una baza a los independentistas, y se duda de la credibilidad del proceso judicial. Pero aún hay algo más importante: los españoles, incluidos los votantes del PP, no entienden qué está pasando. Y eso no se lo podrán explicar nunca los tribunales.