Artur Mas, demandado ahora por la Generalitat por el 9-N
La Generalitat se ha sumado a las demandas presentadas en el Tribunal de Cuentas contra el expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, la exconsellera Irene Rigau y el exportavoz del PDECat en el Congreso, Francesc Homs, en reclamación de 5,2 millones de euros por su supuesta responsabilidad contable, junto a otros exaltos cargos de la administración catalana, por los gastos efectuados en relación con la consulta del 9-N. Los servicios jurídicos del Govern sostuvieron al comienzo de la tramitación del expediente que no existía dicha responsabilidad, y se opusieron a las demandas presentadas por Societat Civil Catalana y Abogados por la Constitución.
Pero ahora la Generalitat se ha sumado a ellas siguiendo instrucciones de la administración central, una vez hechas las correspondientes consultas, a tenor de la vigencia del artículo 155 de la Constitución y en cumplimiento de los nuevos trámites correspondientes a la actual fase de tramitación del caso. Fuentes conocedoras el expediente estiman que la orden de intervenir en términos de apoyo a la demanda habría partido del Ministerio de Hacienda, con el argumento de que es su deber recuperar para la administración catalana los fondos indebidamente empleados en una iniciativa –la consulta celebrada el 9-N del 2014– que fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.