Cifuentes lanza un aviso al PP y lleva ante la Fiscalía la gestión de Aguirre
La presidenta denuncia irregularidades en la gestión de la Ciudad de la Justicia
La presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha hecho su primera jugada a la ofensiva desde que estallara hace un mes el escándalo de su máster fantasma: ha confirmado que su gobierno llevará ante la Fiscalía General del Estado el caso de la Ciudad de la Justicia, una iniciativa de su antecesora Esperanza Aguirre, cuyas irregularidades la oposición madrileña llevaba varios años denunciando.
Las anomalías detectadas en este proyecto –parcialmente edificado, situado en Valdebebas, y cuyo objeto era concentrar en un solo enclave todas las infraestructuras de la justicia dispersadas por Madrid y el área metropolitana, y hacerlo mediante la contratación de arquitectos estrella para conseguir un parque de edificios singulares–, afectan a incumplimientos sistemáticos de las legislación de contratación pública y de la contabilidad, según han confirmado fuentes del gobierno regional. La iniciativa de acudir a la fiscalía, de hecho, responde a la consulta que el gobierno regional había elevado a la Abogacía General a resultas de un informe de la Cámara de Cuentas que sembraba serias dudas sobre la limpieza de la gestión del también llamado campus de la Justicia de Valdebebas.
Sin embargo, y a pesar de los informes que justifican la iniciativa, la decisión de Cristina Cifuentes de llevar ante la fiscalía la más emblemática de las operaciones urbanísticas de los gobiernos de Esperanza Aguirre –con la que la expresidenta, de hecho, contestaba a la audacia del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, compañero de partido y archienemigo de Aguirre, de soterrar la M-30 y crear sobre ella un parque de nueve kilómetros por el que discurre el río Manzanares– supone todo un aviso a navegantes para su propio partido.
En el PP son muchos los que presionan y esperan que Cifuentes se rinda tras su nefasta gestión del caso de su título de posgrado supuestamente obtenido en el 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos, dimitiendo de la presidencia de la Comunidad de Madrid antes de que prospere la moción de censura presentada por Ángel Gabilondo, de PSOE, y a la que Podemos y Ciudadanos han anunciado su apoyo. Una moción que apartaría al PP del gobierno regional a un año de las elecciones.
El mensaje es, en todo caso doble. Por una parte, al disparar contra la única de los expresidentes del PP de la Comunidad de Madrid que aún no ha sido imputada, envía la advertencia a su partido de que no está dispuesta a entregar la plaza sin pelar, y refuerza su mantra político, “tolerancia cero contra la corrupción”. Sin embargo, por otra parte, revela que, como la oposición sospecha, en los cajones del Gobierno de la Comunidad de Madrid aún puede haber munición abundante y comprometedora para el PP correspondiente a la gestión de los años de vino y rosas del Turbomadrid. En ese sentido, el mensaje es contradictorio, porque la dirección del PP, ante esa sospecha, puede entender que hay un incentivo para apartar a Cifuentes y colocar a otra persona del partido, lo que bastaría para que Ciudadanos cambiara el sentido de su voto y permitiera al PP conservar el gobierno de la comunidad hasta las elecciones de mayo del 2019.
La denuncia apunta que aún puede haber más material comprometido para el PP en los cajones del Gobierno regional