El Gobierno blinda el taxi y limita a Uber y Cabify por real decreto
La medida asegura el límite de una licencia de nuevas plataformas por cada 30 clásicas
Golpe de efecto del Gobierno en el conflicto que enfrenta al taxi con las nuevas plataformas, como Uber y Cabify, que intermedian servicios similares. El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley que blinda la proporción máxima de un permiso de vehículos de alquiler con conductor (VTC), con los que operan las citadas compañías, por cada 30 de taxi. El Ejecutivo adopta esta medida antes de que el Tribunal Supremo falle en los próximos días o como mucho semanas en relación al contencioso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), la patronal de los VTC (Unauto) y las plataformas, contra el actual reglamento de transportes que, entre otros requisitos, ya fija la citada ratio. Al elevarla a rango de ley, el procedimiento en curso en el Alto Tribunal podría quedar en vía muerta y ser el Constitucional la instancia competente. Una vez publicado en el BOE, el Gobierno tiene 30 días para la convalidación parlamentaria del real decreto ley.
“El objeto de la ley es garantizar un adecuado equilibrio entre la oferta de estos servicios de transporte y la que representan los taxis, que están amparados en las licencias municipales”, dijo el ministro Íñigo de la Serna tras la reunión del Consejo de Ministros. La medida, que el titular de Fomento desvinculó del procedimiento en curso en el Supremo, prevé corregir los efectos negativos que, según el Gobierno, tiene el vacío legal que hubo entre el 2012 y el 2015 que ha propiciado una lluvia de nuevas licencias VTC mediante resolución judicial y que, a su juicio, amenazan la continuidad de estos servicios y el del taxi. Actualmente hay 64.217 licencias de taxi frente a 7.058 de VTC, lo que supone una ratio de 1/9. Para proteger el máximo de 1/30 algunos municipios (entre ellos los de Barcelona y su área metropolitana) y comunidades autónomas están desarrollando nuevas normativas que, destacó De la Serna, “ponen en riesgo la unidad de mercado”.
El real decreto ley también mantiene que las licencias de VTC deben realizar el 80% de su actividad trimestral dentro de la comunidad autónoma en la que fueron otorgadas, otra condición del actual reglamento también recurrida ante el Supremo y que ahora pasa a tener rango de ley.
La principal organización de taxistas de ámbito estatal, Fedetaxi, que representa a 40.000 licencias, considera la aprobación del decreto un “triunfo final sobre el modelo que pretenden” las plataformas, valoró su presidente, Miguel Ángel Leal. En su opinión, la nueva norma “pone fin a la incertidumbre que han vivido 100.000 familias que viven del taxi, que ya pueden ver el futuro con esperanza”. El decreto, añadió, garantiza “el equilibrio” en el sector y “la supervivencia” del taxi en los próximos años. Leal destacó que España es “el único país del mundo en donde las multinacionales más agresivas han sido frenadas”. Se refería principalmente a Uber, la compañía que junto a la CNMC está batallando con más insistencia a favor de la liberalización completa del sector, ya que su verdadero negocio es la plataforma tecnológica y el modelo de gestión y uso que comporta y no el valor de las licencias en el mercado.
La CNMC estudiará la nueva norma, se limitaron a decir fuentes del organismo que preside José María Marín Quemada. Desde Uber se lamentó la decisión del Ejecutivo. “Este decreto supone una oportunidad perdida para la creación de miles de puesto de trabajo en España y para la modernización de la movilidad en nuestras ciudades”, dijo un portavoz. “Esperamos ponernos a trabajar con el Gobierno, las plataformas y el sector del taxi –prosiguió– en una nueva regulación que haga posible nuestro objetivo común, que cada vez más ciudadanos dejen su coche en casa”.
Menos pesimista se mostró Cabify. Su director para Europa, Mariano Silveyra, cree que el Gobierno busca con el nuevo real decreto “mantener la paz social y ganar el tiempo necesario” para que el taxi se adapte a un “nuevo modelo de movilidad”. Este responsable de la plataforma considera que en realidad “nada cambia” en cuanto a su modelo de negocio y su actividad. Por su parte, el presidente de Unauto, Eduardo Martín, destacó que el decreto “garantiza la prestación del servicio con garantías y la supervivencia del tejido empresarial, tanto de los VTC como del taxi”. Esta patronal reclama un mayor equilibrio entre la actividad de sus asociados y los taxistas pero se opone a la liberalización total porque comportaría una fuerte pérdida de valor de las licencias.
En el taxi, las voces discordantes son las de Elite y Antaxi. El portavoz de la primera organización en Barcelona, Alberto Álvarez, advierte que si el Supremo tumba la ratio 1/30 del reglamento se abre la puerta a que las autorizaciones de VTC solicitadas hasta la entrada en vigor del nuevo real decreto que sustituye los puntos recurridos vean la luz, unas 40.000 en toda España, casi 20.000 de las cuales en Catalunya. La segunda entidad considera que la actuación del Gobierno “no es más que un nuevo parche que no soluciona el conflicto y que sólo va a conseguir que se vuelvan a judicializar las normas que regulan la actividad de 100.000 familias”.
DIVERGENCIAS DESDE UN LADO... La decisión disgusta a la CNMC y a Uber y es bien acogida por la patronal y por Cabify
...Y TAMBIÉN DESDE EL OTRO Fedetaxi habla de “triunfo final” mientras que Antaxi y Elite ven la norma insuficiente