Falsas denuncias
Londres fija el precio del coste legal en este tipo de procedimientos
El Reino Unido limitará los costes legales que se pueden pedir en las reclamaciones por enfermedad contraída durante las vacaciones para evitar así la proliferación de denuncias falsas, muy dañinas para el turismo español.
El Gobierno británico ha anunciado la entrada en vigor, en las próximas semanas y antes del próximo verano, de medidas con las que se van a fijar los costes legales que se pueden pedir en las reclamaciones por enfermedad contraída durante las vacaciones, en lo que se conoce como el timo de la diarrea. Según el sector del turismo, el hecho de que estas costas no estuvieran reguladas ha contribuido a que las reclamaciones se incrementaran –del 2013 al 2016– en un 500%, de 5.000 a 35.000.
Hasta la fecha, en el Reino Unido los costes legales derivados de las reclamaciones al seguro por enfermedades contraídas durante las vacaciones no estaban sujetos a ningún tipo de control, por lo que los operadores turísticos veían con frecuencia cómo crecían de forma desproporcionada con respecto a los daños reclamados. Esa desproporción la propiciaban bufetes de abogados con pocos escrúpulos que, en muchas ocasiones, incluso animaban a presentar estas reclamaciones fraudulentas, puesto
El Gobierno temía que la situación encareciera las vacaciones de los británicos y dañara su reputación
que los turoperadores preferían resolverlas cerrando acuerdos fuera de los tribunales, y no por la vía judicial.
Al mismo tiempo, esta situación ha animado a las compañías de seguros a incitar a los turistas a que reclamen indemnizaciones e, incluso, a operar directamente desde los hoteles, según se dice en un comunicado de la embajada británica en Madrid. Hay que recordar que el año pasado visitaron España 19 millones de turistas británicos.
Para abordar el problema, el Gobierno de Theresa May ha solicitado al Comité de Procedimiento Civil –encargado de fijar las normas relativas a los costes legales–, que estudie trasladar las reclamaciones al régimen de costes fijos recuperables. Así, los turoperadores sólo desembolsarían los gastos establecidos según la cuantía de la reclamación y la duración del proceso judicial, pudiendo prever los costes legales y ayudándolos a impugnar por vía judicial los intentos de estafa.
El Ejecutivo británico se ha comprometido a abordar esta “cultura” de las indemnizaciones. Recientemente aprobó una ley de responsabilidad civil que incluye medidas para reducir el alto número de reclamaciones por latigazo cervical y para permitir a los seguros rebajar las primas. Otras reformas ya en vigor contemplan la prohibición de las llamadas en frío para captar clientes por teléfono y una regulación más estricta de las empresas de gestión de reclamaciones.
De hecho, desde octubre del 2017, los tribunales británicos han condenado a cuatro parejas a pagar unos costes legales importantes tras haber presentado unas reclamaciones fraudulentas por supuestas enfermedades contraídas durante sus vacaciones.
En opinión del secretario de Estado de Justicia, Rory Stewart, “reclamar una indemnización por haber contraído una enfermedad durante las vacaciones, cuando no es cierto, es un fraude. Perjudica al sector del turismo y expone a los turistas a una subida de precios. Este comportamiento también daña la reputación de los ciudadanos británicos en el extranjero. Por este motivo, vamos a introducir unas medidas que persigan a los que incurren en estas prácticas deshonestas”.