La Moncloa dará al juez su “comprobación contable” del 1-O
El Gobierno cesa a dos altos cargos de la Generalitat por “perjudicar la convivencia”
El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tuvo que explicar ayer los argumentos del ministro de Hacienda, Cristóbal Monto, para afirmar que no se dedicó dinero público al referéndum del 1-O, en contra de lo que dice la Guardia Civil.
Según Méndez de Vigo, el Gobierno dispone de una “información contable” de la que habrá que ver “su verosimilitud”. Preguntado una y otra vez, el portavoz subrayó que el Ejecutivo ha hecho “una comprobación contable” de las cuentas intervenidas, que es lo que entregará al juez. El ministro hizo hincapié en que en los presupuestos de la Generalitat se había incluido una partida de 5 millones para el referéndum, que el Gobierno recurrió y el Constitucional anuló, y a partir de ahí “todas las cuentas de la Generalitat han estado intervenidas. A juicio del Gobierno, le corresponde al juez Pablo Llarena, que tiene toda la información, calificar el hecho, según explicó el ministro.
Méndez de Vigo justificó también en la rueda de prensa los motivos que han llevado al cese de la directora de Relacions Exteriors de la Generalitat, Marina Borrell Falcó, y del director de la Escola d’Administración Pública de Catalunya, Agustí Colomines.
El ministro resumió esas razones en que “la actuaciones de esas personas es incompatible con el cargo que tenían en esos momentos”. Pero el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, fue más explícito, y les acusó de “actuaciones destinadas a romper los cimientos de la convivencia”.
Fuentes gubernamentales señalan como motivo del cese de Borrell que tenía instrucciones de que no accedieran a la delegación de Catalunya en Bruselas los exconsellers huidos de la justicia española, y el miércoles se permitió que lo hiciera el extitular de Cultura Lluís Puig y que, además, interviniera en un acto. Borrell no sólo no informó, sino que estuvo presente en el acto, en primera fila. Ella argumentó que desconocía que Puig fuera a ir al acto, pero sus explicaciones no fueron convincentes.
El Ejecutivo justifica, por otra parte, la destitución de Colomines en que ha tenido comportamientos que van en contra de la convivencia, con “falta de respeto permanente” e “insultos a periodistas, diputados y al Estado español”. Como ejemplo, Millo citó ayer un tuit de Colomines de hace unos días en el que decía “estamos en guerra”, en un mensaje en el que instaba a tomar la iniciativa en lugar de lamerse las heridas.
Los ceses se suman a la decisión de la Generalitat, intervenida por el Gobierno, de adherirse a la demanda en el Tribunal de Cuentas contra el expresident Artur Mas por destinar fondos públicos al 9-N, algo inmediatamente respondido desde las filas independentistas. Mientras Mas acusó al Gobierno de “hacer gala de su prepotencia” y lo consideró “una vergüenza”, el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, lo tildó de “caza de brujas” y de decisión “absolutamente injustificable”. El Gobierno lo justificó en un cambio de criterio de los servicios jurídicos de la Generalitat.
Millo justifica la adhesión a la demanda contra Mas por el 9-N en un cambio de criterio de los servicios jurídicos