La Generalitat prevé ingresar 1.000 millones al año con la viñeta
La propuesta para sustituir los peajes ahorraría 700 millones en los presupuestos
En pleno debate sobre el futuro de las autopistas de peaje en España, motivado por el próximo vencimiento de varias concesiones, la Generalitat acaba de definir su proyecto para suprimir todas las barreras de pago físicas y crear una tarifa plana, conocida como viñeta, que permitiría circular por todas las vías de alta capacidad catalanas, sea cual sea la administración titular y sean o no de pago en estos momentos. La propuesta, que se dio a conocer hace un año, ya está en la mesa del Ministerio de Fomento, del que depende buena parte de la infraestructura afectada y, mientras se aplique el artículo 155 de la Constitución, también las decisiones que corresponden al Govern. Según el último borrador, al que ha tenido acceso La Vanguardia, el nuevo modelo prevé ingresar alrededor de 1.000 millones al año y ahorrar más de 700 millones en los presupuestos. Su implantación es compatible con las actuales concesiones, aunque deberán modificarse algunos contratos, y permite liberar recursos que no computarán como déficit público para reactivar la inversión en carreteras y en transporte público. Y, aunque está pensado para Catalunya, puede servir a cualquier otra comunidad y también para el conjunto de España.
El sistema, inspirado en el de Austria y en el que Alemania va a implantar en breve, supone la creación de un ente, que podría ser un consorcio entre las diferentes administraciones, que se ocupe de la explotación, mantenimiento, mejoras, ampliaciones… del conjunto de las vías de alta capacidad de Catalunya (autopistas y autovías), tanto las que hoy tienen peaje explícito, como la AP-7 o la C-16, en la sombra, por ejemplo el Eix Transversal, como las que son libres, caso de la C-58 o la A-2. En el capítulo financiero, obtendría los recursos y los redistribuiría según las condiciones contractuales de cada vía, ya sean de gestión directa por parte de la Administración o de concesión privada. El documento prevé modificaciones legales que permitan el encaje de la propuesta en el ordenamiento jurídico español en materia de carreteras, IVA, financiación autonómica y concesiones. Asimismo, tiene en cuenta la directiva europea sobre la viñeta y los criterios sobre deuda y déficit público.
Con esta tarifa se podría circular por todas las vías de altas prestaciones durante un tiempo determinado, eliminando agravios territoriales y equilibrando el uso de las diferentes autopistas y autovías porque todas formarían de un único sistema. Hoy el 40% de la red tiene peaje explícito y el 60% va a cargo de presupuestos, directamente o mediante concesiones en la sombra. Así, dejaría de tener sentido el uso de la A-2 entre Barcelona y Lleida para evitar la AP-2 o de la carretera de las costas del Garraf en lugar de la autopista C-32 . El criterio es que quien use la red pague su coste de explotación y no todos los ciudadanos vía impuestos.
La viñeta anual costaría entre 60 y 80 euros más IVA. El proyecto prevé que todos los vehículos con domicilio fiscal en Catalunya abonen esta modalidad. A quienes acrediten haber recorrido menos de 3.000 kilómetros al año y no haber usado vías de alta capacidad (no haber sido detectados por los lectores de matrículas) se les devolvería este importe. Hay diferentes precios según el tiempo de utilización para los turismos foráneos y también según los tipos de vehículos. La iniciativa es de fácil implantación técnica y en el futuro, cuando se perfile la tecnología más adecuada, puede migrar hacia un modelo que tenga en cuenta la distancia y no el tiempo.
El documento cifra los ingresos del sistema en 930 millones anuales en el periodo 2019-2021, en el que aún están vigentes las principales concesiones con peaje explícito (AP-7 y AP-2, del Estado, y C-32 norte y C-33, de la Generalitat). A partir del 2022 y hasta el 2032 la cifra se eleva a 1.100 millones debido a los menores costes tras la reversión de estas vías. El 29% de los ingresos procedería de vehículos de no residentes y el 46% de los costes se destinaría a las compensaciones transitorias a los actuales concesionarios.
Los ahorros para las arcas públicas superarían los 700 millones anuales, que hoy salen de los presupuestos de la Generalitat y del Estado. Las inversiones en acondicionamientos y ampliaciones supondrían 120 millones de la primera y 130 del segundo; el mantenimiento de las vías de gestión directa actuales, 25 y 62 millones, respectivamente; y los descuentos y bonificaciones, 50 y 0,7 millones. La Administración catalana también ahorraría 230 millones anuales en peajes en la sombra. Además se incluyen los saldos de compensación a las concesionarias en el vencimiento de sus contratos, estimados en 1.050 millones para las estatales y 425 para las catalanas.
De los recursos presupuestarios que ahora se dedican a mantenimiento, peajes en la sombra y bonificaciones, una vez liberados, podrían destinarse 300 millones al año al transporte público, según la propuesta. Los ingresos tarifarios además servirían para dotar con 2.500 millones en diez años un plan de inversiones en la red viaria y otro de 1.200 millones para la ambientalización de flotas.
EN MANOS DE FOMENTO
El ministerio conoce el proyecto, que depende de su decisión, más allá del artículo 155
TARIFA PLANA ANUAL
Se han fijado diferentes precios por tiempo; el válido para un año oscila entre 60 y 80 euros