Sant Andreu de la Barca intenta superar la fractura
El municipio se ha dividido en torno a la denuncia de la Fiscalía contra nueve profesores con el conflicto por el ‘procés’ de trasfondo
La denuncia de la Fiscalía contra nueve profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca por un delito de odio ha removido los cimientos del municipio. Alumnos, padres, partidos políticos y vecinos en general se han dividido entre los que apoyan a las presuntas víctimas, alumnos del centro, hijos de agentes de la Guardia Civil, y los que defienden a los docentes, a los que el ministerio público acusa de un delito contra la integridad moral e injurias graves.
Cabría otra clasificación grosso modo para estos dos bandos que se han generado: detractores y partidarios de la independencia de Catalunya. Los primeros, con los denunciantes; los segundos, con los acusados. Como si la ideología estuviera por encima de los hechos.
Las versiones sobre lo ocurrido, antagónicas y contradictorias, corren como la pólvora en las puertas de este centro de secundaria, desde donde se divisa el mayor cuartel de la Guardia Civil de Catalunya. Apenas cien metros separan ambos edificios.
“La profesora se pasó, hizo llorar a una compañera de 1.º, se metió con su padre, dijo que los policías eran como perros”, cuentan dos alumnos de 4.º de ESO. “Eso es mentira, todo se ha exagerado; hubo un debate, pero con respeto, los profesores se portaron bien”, dicen a renglón seguido otras chicas. “Aquí no pasa nada. Sí, yo tuve un problema con una profesora el día después del referéndum. Estábamos en tutoría y ella expresó su opinión. Que estaba en contra de las cargas de la policía. Yo le dije que me iba de clase, y me fui. Mi padre es guardia civil y vivimos en el cuartel. Pero no hay rencor. Después de aquello, hemos seguido bien, igual que siempre”, añade una alumna de bachillerato. Su caso es uno de los que se recoge en la denuncia de la Fiscalía.
Mientras esta estudiante detallaba su experiencia, el miércoles a media mañana, en el instituto se celebra una asamblea de profesores. No todos los docentes acusados por el fiscal de delitos de odio participan en la reunión. Cuatro están de baja por ansiedad y uno ha sido trasladado de centro a petición propia. De los cuatro que quedan, hay quien también baraja solicitar el traslado para el curso que viene.
En la asamblea los profesores deciden leer una breve nota pública de apoyo a sus compañeros. Esta declaración, sin embargo, no llega a producirse. Una representante del Departament d’Ensenyament les exige que guarden silencio. “Tenemos ganas de hablar, pero no nos dejan”, aseguran varios profesores a la salida del instituto. “Lo que se ha contado no es cierto y así lo declararon los profesores ante la Fiscalía, que ni siquiera recoge su versión; en ningún momento se señaló aningúnalumno”;“Ahoratenemos miedo, no nos atrevemos a sacar según qué temas en clase. Hay autocensura”, explican dos profesores que piden anonimato.
El hermetismo desde el centro es absoluto. No ha habido explicaciones a las familias, sólo una nota colgada en la página web del instituto días después de que el caso saliera a la luz en la que la dirección cerraba filas con los profesores y defendía su inocencia. Tampoco se ha comentado nada con los alumnos. “Todo lo que sabemos es de oídas, porque nos lo explican nuestros hijos”, afirman varias madres. A nivel institucional las aclaraciones también brillan por su ausencia. El alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca, del PSC, en el cargo desde hace 23 años, explica que cuando estalló la polémica pidió que Ensenyament llevase a cabo una investigación y le enviasen un informe oficial con las conclusiones. “De eso ya hace siete meses y aún estoy esperando”, lamenta. Desde la conselleria señalan que en su día ya se investigó el asunto y concluyeron que no había habido mala praxis. “Entonces ya pedimos que la querella se archivase”, zanjan.
Bartolomé Barba, guardia civil y padre de dos estudiantes del instituto, sostiene que sus hijos dicen la verdad: “Entiendo que fue un día de muchos nervios, que uno puede estar ofuscado, pero no se puede señalar así a unos niños; si no hubiéramos denunciado, podría repetirse. Sólo quiero defender a mis hijos”.
Lo ocurrido en Sant Andreu de la Barca no surge de la nada. Todos los entrevistados lo conectan, de forma más o menos explícita, con los sucesos del día 1 de octubre y el proceso independentista en general. La jornada del referéndum fue traumática para muchos de los más de 3.000 vecinos de Sant Andreu de la Barca que acudieron a votar. A
las nueve de la mañana unas ochenta personas esperaban a las puertas de El Palau, donde habían instalado un punto de votación. Varios vecinos relatan que entonces llegó una decena de furgonetas de la Guardia Civil: “Casi había más policías que votantes; nos empujaron con violencia, nos hicieron daño, mi mujer lloraba, rompieron la puerta con un trabuco y luego se llevaron dos urnas”.
Al día siguiente en el instituto no se hablaba de otra cosa y varios hijos de agentes de la Benemérita llegaron a casa angustiados y explicando que habían tenido problemas con profesores. Por la tarde hubo una concentración en el centro del pueblo en contra de la “violencia policial”. Varios vecinos aparecieron también con banderas españolas.
“Fueron días de mucha tensión, duros para todos”, reconoce el alcalde. No sólo la jornada del referéndum. Algunos vecinos recuerdan los meses de septiembre y octubre como un tiempo “de vértigo”. “Mi marido y yo llevamos viviendo aquí 53 años, vinimos de Málaga; y esos días pasamos mucho miedo. También nos sentimos catalanes, pero no queremos la independencia. Estábamos asustados, como si en Catalunya nadie nos tuviera en cuenta a los no indepedentistas. Sacamos nuestros ahorros del banco y los pusimos en una cuenta en Alicante. Ahora cobramos la pensión fuera de Catalunya, como muchos amigos porque, ¿qué pasará si al final hay independencia?”, se sinceran Mari Carmen y Ramón en una cafetería cercana al instituto El Palau.
“En Sant Andreu, como en tantos otros municipios, han pasado cosas. Se han roto relaciones, pero con todo la cohesión social es buena. No tenemos problemas de convivencia y nos ocuparemos de que siga siendo así. Hemos pasado momentos difíciles, pero sabíamos que habría un mañana y que tenemos que vivir todos juntos. Nunca ha habido problemas con la Guardia Civil; tampoco voy a comentar la denuncia de la Fiscalía”, continúa el alcalde Llorca. La sede del PSC de Sant Andreu sufrió un ataque en septiembre. Alguien pintó las palabras “fascistas” y “traidores” en la fachada. La del PDECat amaneció un día con la frase “Artur Mas a la cámara de gas” grabada y excrementos en la estelada que tiene dibujada.
“En Sant Andreu no hay fractura ni división. En cuanto a los profesores, no me cabe duda de que actuaron correctamente”, subraya Jordi Albert, concejal por ERC. “La Guardia Civil está integrada, nunca ha habido problemas con ellos, y las manifestaciones independentistas se hacen de forma pacífica. Siempre hay alguien que da la nota, algún insulto y tal, pero son minoría, actitudes personales que no se pueden generalizar”, insiste.
De diferente forma lo ven Joan Gaspà y Enric Gregori, del PDECat local. “Sí hay división. El problema de fondo es que esto es una pequeña Andalucía”, señala Gaspà, que es concejal. “Aquí siempre ha habido un sentimiento españolista muy fuerte, pero no se manifestaba tanto; ahora están envalentonados”. “Dicen que las calles son nuestras, pues no, aquí son suyas. La mayoría de inmigrantes andaluces no habla catalán, tenemos tres asociaciones andaluzas en el pueblo e incluso celebran la Feria de Abril. Muchos no se han integrado”, abunda. “A mí me han llamado rata por llevar el lazo amarillo; vecinos míos me han insultado por ser independentista en redes sociales y ahora no nos hablamos. Espero que haya una mediación y esto se resuelva, pero si no les gusta la escuela catalana que les hagan colegios aparte para ellos”, añade Enric Gregori.
“Hemos de esperar a ver qué dice el juez; si esto se confirma, será algo muy grave. Pero hemos de esperar y no precipitarnos”, repite Saray Cantero, concejal de Ciutadans y encargada del área de Educación.
Sant Andreu de la Barca pasó de 700 habitantes a principios del siglo XX a los 27.000 actuales. El voto independentista es minoritario. Gobierna el PSC desde hace años, ahora con el apoyo de Ciutadans, partido que ganó el 21-D en el municipio con un 37,8% de los votos. Por sus calles se observa alguna bandera española en los balcones, también estelades, y en el centro, al lado de la estación de Ferrocarrils de la Generalitat, se mezclan las pintadas a favor y en contra de la independencia de Catalunya, como en una guerra de símbolos. Nada que no ocurra en cualquier otro punto de Catalunya desde que arrancó el procés.
Ahora el juez decidirá si admite a trámite la denuncia de la Fiscalía. Mientras la decisión llega, los vecinos continúan posicionándose, pero también se muestran conscientes de que urge buscar una solución al conflicto que se respira en las calles de forma intermitente, frenar para que la división no cronifique y evitar una ruptura. “Todos tenemos que rebajar la tensión”.
“Hemos pasado momentos difíciles, pero hay un mañana y hemos de vivir todos juntos”, dice el alcalde
“El problema es que esto es una pequeña Andalucía”, afirma el concejal del PDECat