La justicia popular
En choque. El desacato del pueblo. El colectivo femenino en pie de guerra. Los sentimientos contra la ley, sus intérpretes y la jurisprudencia. La Policía Nacional gritando “no es no”. Las redes sociales convertidas en un juicio sumarísimo a un tribunal de justicia. Los líderes políticos agitando a las masas con descalificaciones lacerantes de quienes son la cara visible del Estado de derecho. Nunca, que este cronista recuerde, se había visto nada así. Se desmentía el artículo 117 de la Constitución: “La justicia emana del pueblo”. En la calle, en las emisoras, en los periódicos, sobre todo en internet, la lectura era otra: “Esta justicia no es la que quiere el pueblo”.
Ocurrió como ocurre todo en esta sociedad hiperconectada: en cuestión de minutos. Cuando se leía el fallo, ya había centenares de personas recibiendo con abucheos la verdad judicial. Al poco rato ya había anunciadas concentraciones en decenas de ciudades. Los dirigentes de partidos buscaban afanosamente un micrófono para no quedar fuera del clamor. Por primera vez dejaron de repetir que respetan las decisiones judiciales, aunque no les gusten. El grito de “no es abuso, es violación”, inundó España con fuerza inaudita.
Tiene su explicación. Este país, escribíamos aquí hace poco, se ha convertido en un inmenso juicio paralelo. Ante el caso de La Manada, ¿cómo no estar al lado de una pobre chica de 18 años acorralada por cinco tipos de la peor calaña? ¿Cómo no considerar violación la agresión sufrida? Se ha creado un imponente y feliz estado de opinión de repudio a la violencia sexual. Las violaciones grupales son una aberración creciente y, por tanto, fuente de alarma social. Todos los ciudadanos habían sentenciado el caso, por convicción o por deseo, al margen del Código Penal o la jurisprudencia del Supremo. Una sentencia judicial que no coincide con su criterio se convierte automáticamente en escándalo con todos sus atributos y agravantes: machismo en la vida y en los tribunales, códigos anticuados y de ética superada, menosprecio a la mujer.
Lo que sorprende es la actitud de los líderes políticos: ni a uno se le ocurrió mencionar la garantía de los recursos, que pueden llevar a que once jueces (tres de la Audiencia de Navarra, tres del Tribunal Superior y cinco del Supremo) digan la verdad judicial. Ni a uno se le ocurrió pensar que a lo mejor el problema estaba en el código y no en los jueces, salvo el del voto particular. Sólo la prensa de ayer descubrió ese defecto, y a él se agarró el Gobierno para anunciar un cambio de tipificación de esos delitos, aunque sea en caliente: el caso es detener la marea de la indignación. Se confirmó así el oportunismo de la mayoría y la creencia de que ganan el voto femenino.
Conclusión política: en España apareció la justicia popular. No hay muchos casos que la impulsen tanto como el de La Manada. Pero está ahí con toda su fuerza y quizá con toda su deformación. Cuenten con ella, gobernantes. Ya se vio también en Navarra por los sucesos de Alsasua. Y se verá, ojalá me equivoque, cuando se abra el juicio político por antonomasia: el catalán.