Descrédito

Cualquier reflexión que plantee la cuestión del descrédito judicial, debe empezar por lo indiscutible: son miles los juzgados que trabajan sin ruido mediático y con seriedad, a pesar de las muchas deficiencias estructurales que acumula la justicia en décadas (siglos) de abandono político. La justicia es esa materia que todo partido aclama y reclama durante la campaña electoral, pero siempre olvida en la negociación presupuestaria, y de ahí su extrema lentitud y sus muchas dificultades. Si es cierto el lema de que una justicia lenta es, siempre, una justicia injusta, en España llega a categoría de verdad absoluta. Pero más allá de los déficits, la precariedad y la falta de recursos, nobleza obliga aplaudir el trabajo silente de la justicia de a pie, esa que intenta impartirla con profesionalidad, día a día.

Dicho lo cual, es evidente que la justicia española está severamente desprestigiada, y esa evidencia, que era clara en muchos sectores de la sociedad, ha traspasado fronteras. Sólo cabe leer lo que decía la prensa europea, ayer mismo, de la sentencia de La Manada, considerada una vergüenza por la totalidad de los medios. Como ejemplo, el titular del Frankfurter Allgemeine Zeitung preguntándose si en España no ha desaparecido la “Macho-Kultur”, o la BBC recordando que uno de los agresores era guardia civil y el otro, miembro del ejército, como si ello hubiera tenido peso. O también The New York Times, que hablaba de machismo agresivo y consideraba la sentencia “un indicador de los derechos de la mujer en España”. Sin duda, los jueces de La Manada han quedado retratados como ejemplo de insensibilidad contra la violencia de género y han ayudado a consolidar el entredicho en el que está la justicia española.

Un entredicho que, sin embargo, se ha trabajado a pulso, y no solamente por algunas sentencias escandalosas, sino sobre todo por el abuso del poder político sobre el judicial y la precaria independencia que de ello se deriva, claramente señalada en los rankings europeos. Desde un CGPJ que, en realidad, funciona como un órgano censor y político –como han denunciado diversos jueces–, pasando por un Tribunal Constitucional que recibe llamadas de Soraya Sáenz de Santamaría, mientras lava la ropa sucia del Ejecutivo cada vez que suenan las trompetas (en Catalunya sabemos mucho de ello), y rematando con una Fiscalía General hiperpolitizada que se ha convertido, de facto, en un segundo poder de la Moncloa, convirtiendo a la justicia en un Parlamento donde se remata lo que no consigue matar la política. Si añadimos los Llarenas que hacen interlocutorias donde se criminaliza la ideología de los líderes políticos que están encausando, mientras se usan las preventivas como arma de presión, la suma final es un todo un poema. Es indiscutible que la justicia española está en proceso de descrédito severo. Tanto como es indiscutible que ha hecho méritos para ello.

Es evidente que la justicia española está desprestigiada, y esa evidencia traspasa fronteras