El presidente del Supremo subraya que el fallo puede ser recurrido y corregido
Lesmes afirma que los jueces examinaron “minuciosamente” las pruebas
La sentencia de la Audiencia de Navarra contra los cinco integrantes de La Manada, y las reacciones que ha suscitado, han puesto a prueba a la cúpula del Poder Judicial y en general a toda la magistratura, como pudo comprobarse a lo largo de la jornada de ayer. Mientras lo que saltaba a la calle y a las redes sociales era la indignación y la protesta, desde los ámbitos judiciales se trató de contraponer a estos mensajes otros que, sin negar el derecho de crítica a las resoluciones judiciales, resaltaran los valores de un sistema garantista en el que las sentencias dictadas por un tribunal en primera instancia pueden ser recurridas y corregidas.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, estudió inicialmente la oportunidad de efectuar una declaración institucional, que al final quedó en manos de su presidente, Carlos Lesmes. El presidente del consejo, que lo es también del Supremo, defiende en su declaración a los magistrados que han dictado la controvertida sentencia, pero al propio tiempo subraya que la justicia no ha dicho sobre este caso su última palabra. Claramente, el comunicado busca abrir un espacio para la reflexión colectiva sobre la sentencia y, más ampliamente, sobre la regulación de los delitos contra la libertad sexual, pero tratando de poner freno a las críticas que entrañen descalificaciones o ataques personales a los jueces del caso.
Lesmes afirma en su declaración que el tribunal de Pamplona “ha valorado minuciosamente todos los elementos de prueba aportados por las partes de acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad con la jurisprudencia que resulta de aplicación”. El presidente del CGPJ subraya que “estos son los únicos criterios a los que están sometidos los jueces”. Y añade que todo ello debe defenderse “sin perjuicio de las posibles discrepancias que puedan existir” sobre los hechos y su calificación jurídica, que “pueden y deben hacerse valer a través del sistema de recursos establecido en nuestro ordenamiento jurídico”.
La declaración razona que todas las decisiones judiciales están sometidas a “la crítica pública” en un marco de “libertad de expresión” que debe respetarse. Pero advierte que, “cuando las críticas consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas, se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos”. Añade que la Constitución establece “una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales”, y son estos “el más importante baluarte para la protección y defensa de las víctimas”.
La declaración de Lesmes trató de buscar un común denominador que evitara la dispersión de mensajes del Poder Judicial. Los vocales Carmen Llombart y Juan Manuel Fernández efectuaron manifestaciones similares a las de Lesmes. Las asociaciones judiciales y de la Fiscalía no lanzaron comunicados. La opinión dominante en ellas es que la respuesta a la sentencia ha sido desproporcionada y que el problema no reside en la necesidad de reformas legales, sino en los criterios de interpretación de la ley y de las pruebas existentes en cada caso, que deben examinarse con rigor.
Las asociaciones de jueces creen que las críticas efectuadas a la sentencia han sido desproporcionadas