El debate de la eutanasia
Las proposiciones del Parlament y del PSOE van al Congreso
Por 16.ª vez en 20 años, el Congreso discutirá la pertenencia de regular el suicidio asistido, en esta ocasión a propuesta del PSOE, que la defiende como un derecho individual.
El debate sobre la necesidad de regular la eutanasia vuelve al Congreso. Será la decimosexta iniciativa de los últimos veinte años. La última fue el año pasado, de la mano de Podemos, y, como las anteriores, fue rechazada. Ayer, los socialistas hicieron lo propio, presentando una proposición de ley que regula la eutanasia, contemplada como un nuevo derecho individual y efectivo, lo que implica su inclusión en la cartera de servicios comunes del sistema de salud. Antes de que esta proposición se debata, el 8 de mayo el pleno del Congreso deberá decidir si admite la proposición del Parlament de Catalunya que busca la despenalización de la eutanasia en casos de dolencia terminal, cuando se prevé que el dolor, tanto físico como psíquico, será permanente.
Estas idas y venidas de la eutanasia por el Congreso harían pensar que es un tema polémico, que genera grandes controversias y que divide a los ciudadanos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Al menos, no con la que plasman las encuestas del CIS (2011) y Metroscopia (2017): en torno al 80% de los ciudadanos (el 77,5% en la primera y el 84% en la segunda) se muestra a favor de regular la eutanasia. Y entre los encuestados están tanto votantes del PP como del PSOE, católicos y no creyentes, mayores de 65 lo mismo que menores de 35.
Todos estos datos “ponen de manifiesto, una vez más, que la sociedad española va por delante de sus políticos”, señaló Isabel Alonso, presidenta de Dret a Morir Dignament (DMD). Esta asociación celebró ayer una jornada sobre la muerte asistida a la que acudieron políticos (el PP, no; el PNV se excusó), sanitarios, juristas y expertos en bioética.
En este debate, también se abordó la proposición del PSOE de regular la eutanasia y la ayuda al suicidio asistido, una propuesta que “no obliga a nadie ni mata a nadie, sino que da derechos para aquellos que quieren morir y cobertura legal”, señaló Andrés Perelló. El texto prevé que la prestación de ayuda para morir se pueda hacer administrando directamente una determinada sustancia o prescribiéndola para que el paciente se la pueda autoadministrar, así como que los sanitarios implicados tengan el derecho de ejercer la objeción de conciencia, y recoge la existencia de una Comisión de Control y Evaluación que controlará que el proceso se realiza según la ley. El tiempo mínimo entre que se solicita la autorización y se recibe es de 32 días.
Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universitat de València, considera que el texto tiene “una actitud timorata, paternalista e incompatible con el principio básico de libertad de los ciudadanos”. Y que “esa acumulación de exigencia de pruebas respecto a la voluntad de quien pretende ejercer su derecho de libertad al final de la vida es contradictoria”. Algunos asistentes pusieron en duda el paso dado por el PSOE tras rechazar hace un año la propuesta de Podemos.
¿Hay posibilidades de que esta iniciativa salga adelante? Sí, muchas. Eso sí, con la oposición del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos, anunciada ayer por Francisco Igea. También hubo reproches a la formación naranja: “Quiere regular los vientres de alquiler, pese al rechazo social, y no sobre algo que la gente demanda”. No hubo respuesta.
Los socialistas plantean una ley que regule el suicidio asistido como un derecho y una prestación sanitaria