Educación evaluará a 50 centros por un presunto “adoctrinamiento”
El ministerio estudia demandar a directores, maestros e inspectores de la Generalitat
El Ministerio de Educación difundió ayer los tres requerimientos que envió a la Generalitat en septiembre y octubre del año pasado para que investigara las quejas de padres que denunciaban que sus hijos habían sufrido “adoctrinamiento” en su centro escolar a raíz del referéndum del 1-O. En total , la lista señala a 47 centros, pero las investigaciones se extienden a otras escuelas que cita sólo por su ubicación.
La investigación implica a profesores, directores de centro y también a inspectores “como funcionarios del Estado” que podrían haber actuado, según la Administración española, por comisión u omisión al no denunciar incidencias reprobables. Y extiende la amenaza de posibles expedientes a aquellos maestros que no actuaran conociendo las situaciones irregulares.
La Generalitat ha respondido a los tres requerimientos, fechados el 26 de septiembre y el 5 y 27 de octubre, y a dos peticiones puntuales de información, la última de la cuales se envió el 27 de marzo. Los centros señalados están ubicados en todo el territorio catalán, concentrándose en las provincias de Girona y Barcelona, especialmente en comarcas como Osona, Garrotxa, Maresme, Vallès o Baix Llobregat.
Las quejas mayoritarias son por falta de consentimiento parental para llevar a los alumnos a manifestaciones fuera del centro escolar. “Los alumnos no pueden ser privados de recibir la enseñanza programada –señala uno de los textos– y no pueden abandonar el centro para participar en manifestaciones”. De este modo, se “sesga su formación como ciudadanos libres, comprometidos con los valores democráticos al hacerles partícipes de un acto suspendido por el Tribunal Constitucional, por lo que es un acto no conforme a la norma”.
En uno de los centros de Manresa, se cita que los alumnos se concentraron frente a la comisaría de la Policía Nacional gritando consignas como “votamos para ser libres” o “fuera las fuerzas de ocupación”. Las familias también lamentan la obligación de los alumnos de asistir a concentraciones en el patio para rechazar la violencia del 1-O o el encarcelamiento de los Jordis. Yreprueban que se hayan dado charlas sobre cómo defenderse de los policías. También se menciona una tarea para niños de 5.º de primaria en la que se les pide que recaben información sobre el conflicto para aportarlo a un mapa conceptual. Con todo, los supuestos señalamientos de hijos de guardias civiles y policías nacionales son los casos más graves y los únicos que, de momento, han generado las denuncias en los juzgados (9 profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca y 8 en La Seu d’Urgell).
Los hijos de los cuerpos de seguridad son víctimas, según algunos de sus padres, de “acoso escolar” por parte de compañeros. Además, el texto de ministerio desvela que existen muchos agentes de policía que no denuncian para evitar que sus hijos “sean aún más señalados”.
El Ministerio de Educación analizará en las próximas semanas las respuestas de la conselleria, que no ve “adoctrinamiento”, para decidir si las acepta o, por el contrario, abre una vía al juzgado contencioso administrativo para resolverlas.
El Gobierno decidirá si acepta el informe de Ensenyament o abre una vía contenciosa administrativa