El escándalo del caso Alfie
Esta es la breve historia de un bebé de 23 meses al que ni un hospital, ni la justicia británica, permitieron prolongar su vida negándole otra salida que no fuera la de su muerte inmediata.
Alfie era el hijo de una pareja muy joven, Tom Evans y Katie James. 20 años ella, uno más él. No es un dato menor, porque a su edad la solución estándar consiste en matar al que ha de nacer. Segundo dato decisivo: eran usuarios de la sanidad pública, como la gran mayoría de nosotros, y esta es la causa mediata de su muerte tal y como se ha producido. Nada de esto habría sucedido si hubieran dispuesto del dinero necesario para acudir a un centro privado. La muerte es también una cuestión de clase social.
Alfie fue ingresado por sus padres en el hospital infantil Alder Hey, y diagnosticado de padecer una enfermedad neurológico-degenerativa que no ha logrado nunca ser bien identificada. Desde su ingreso en mayo del pasado año manifestaron su deseo de hacer todo lo posible para mantener con vida a su hijo, pero el hospital decidió en diciembre desconectarlo de la respiración asistida. Se acabó la atención de la sanidad pública. Después, en febrero, un juez llamado Hayden dictó diligentemente la sentencia a favor del hospital. El recurso al tribunal de apelaciones ratificó el fallo, de manera que el 23 de abril se le retiraba el soporte vital al bebé. Hay que entender que esto significa la muerte por asfixia. Pero entonces saltó la sorpresa. Alfie continuó viviendo por su cuenta hasta la madrugada del sábado, cuando murió cinco días después de haberle dejado sin asistencia, sin que esto indujera a recuperar el apoyo vital.
El padre de Alfie lo despidió con estas palabras: “Mi gladiador ha depuesto su escudo y ha ganado sus alas a las 2.30. Absolutamente desconsolado. Te quiero, mi chaval”. Por mucho que se explique creo que es imposible entender el sufrimiento de un padre y una madre que ven morir al hijo. El dolor insoportable de ver cómo se va tu bebé a causa de la inexorable condena decretada por unos médicos y un juez, Anthony Hayden, que negó el ejercicio de la patria potestad al impedir que fuera trasladado al hospital especializado en menores Bambino Gesù de Roma, donde les habían ofrecido su acogida. Incluso el Papa recibió a los padres el 18 de abril y se pronunció públicamente. Para que no hubiera retrasos, el Gobierno italiano había concedido al niño la ciudadanía en un gesto insólito, pero el juez, empeñado en provocar un fatal desenlace, dictaminó que se encontraba bajo jurisdicción británica y que no le permitía abandonar el país. ¿Por qué tal empecinamiento cuando este mismo personaje tan insensible a la suerte de un niño y de sus padres, militante del Bar Lesbian and Gay Group, es autor de un libro de ayuda jurídica a los niños de familias homosexuales, Children and same sex families: A legal handbook?
Matilde Leonardi, neuróloga, pediatra y directora del Centro de Investigación del Coma en el Instituto Neurológico Carlo Besta de Milán, declaró: “Hay que decir muy claramente que no estamos ante un caso de ensañamiento terapéutico, que significa aplicar un tratamiento desproporcionado respecto a la situación clínica del niño”. Aquí, para el hospital, best interest quiere decir la muerte del niño. Este instituto, como otros centros, se ofreció a colaborar con los médicos ingleses. Sin resultados.
Gran Bretaña es rica en este tipo de muertes. En el 2017 otros padres, Chris Gard y Connie Yates, sufrieron un caso semejante. Su bebé, Charlie Gard, terminó su vida con tan sólo 11 meses. Ahora impulsan una ley que ponga fin a este abuso de los poderes públicos. Otro caso se dio en el 2014 e involucró a España. Brett y Naghemeh King, padres de Ashya King, un niño de 5 años enfermo de cáncer, fueron encarcelados en Soto del Real porque la justicia británica dictó una orden de detención. La causa: se lo llevaron del hospital sin el permiso de unos médicos, porque se negaban a autorizar su viaje a Estados Unidos o a la República Checa, a fin de aplicarle al tumor cerebral que padecía un tratamiento menos agresivo que la radioterapia. Finalmente, la justicia británica modificó su decisión por la oleada de indignación que se despertó, y sus padres fueron excarcelados y pudieron llevar a su hijo a Praga para que le aplicaran un tratamiento por haz de protones. Hoy está curado y se recupera.
Lo grave de todo esto es que el Estado, los poderes públicos, como los hospitales del servicio nacional de salud, y jueces roben a los padres el derecho natural a velar por el bien de sus hijos. Pero no se trata sólo de esto. Hay mucho más. Si los padres de Alfie hubieran podido acudir a la sanidad privada, si hubieran pagado, habrían podido mantener la esperanza, o trasladar a su hijo a otro país y a otra mirada médica, sin intervenciones judiciales. Lo de Alfie ha sido también una maldita cuestión de dinero. En cualquier caso, lo sucedido cuestiona los fundamentos de la sociedad que están construyendo desde un teórico dechado de democracia y liberalismo.
Si los padres de Alfie hubieran podido acudir a la sanidad privada, habrían podido mantener la esperanza