El Supremo propone a Alemania que entregue a Puigdemont por sedición
El juez Llarena sigue defendiendo que hubo rebelión, pero plantea una alternativa
El Tribunal Supremo (TS) se ha dirigido al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein con una documentación complementaria de la euroorden dictada contra Carles Puigdemont, en la que propone a los jueces alemanes que entreguen al expresidente de la Generalitat por el delito de sedición. El escrito –al que La Vanguardia ha tenido acceso– presenta esta opción como posible calificación alternativa si la justicia germana considera que no se dan los requisitos para entregar al reclamado por un delito de rebelión.
El juez encargado del caso 1-O en el Supremo, Pablo Llarena, razona que esta segunda acusación, la de rebelión, debe ser examinada como la principal, porque tiene todo fundamento. Pero admite la posibilidad de que los hechos se interpreten como un delito de sedición. Y no sólo por parte de los jueces alemanes, ya que explica que la Fiscalía española podrá en su momento “formular acusación por el tipo penal que fija el auto de procesamiento o puede optar por cualquiera de las calificaciones alternativas”.
Sobre tales calificaciones, aparte de las de rebelión y sedición, el magistrado menciona también la de desobediencia, pero para subrayar que esta “no será” la que se formule, “dada al antijuricidad que reflejan los hechos”. En suma, centra su petición de entrega en los delitos de rebelión o, alternativamente, sedición. Y deja claro, por tanto, que si los jueces alemanes creen que los hechos atribuidos a Puigdemont encajan mejor en el tipo delictivo de sedición, aceptará este criterio.
El magistrado explica a los jueces alemanes las diferencias entre ambos delitos, referidas básicamente a que el de rebelión supone “un alzamiento violento y público”, con el fin de derogar, suspender o modificar la Constitución, declarar la independencia de una parte del territorio o sustraer cualquier clase de fuerza armada “a la obediencia del Gobierno”. La sedición, en cambio, supone “un alzamiento público y tumultuario” para impedir “la aplicación de las leyes”. El informe subraya que “es un delito que en sí mismo no precisa violencia y cuyo bien jurídico protegido es el orden público”. Pero luego el texto se esfuerza en poner de relieve que sí existió violencia.
Para ello, el texto se acompaña con la remisión de un total de 74 vídeos sobre la concentración ante la Conselleria d’Economia, sobre el 1-O en diversos colegios electoralión, les, sobre cortes de vías de comunicación, entre ellos el AVE, y sobre situaciones de “agresiones” o “acoso e insulto” a policías o guardias civiles y sus sedes. El texto, de 17 folios, fue remitido a Alemania el pasado 26 de abril, un mes después de que el magistrado dictara el auto de procesamiento contra los 23 acusados de la causa.
El informe fue solicitado por los propios jueces alemanes, después de que en su primera decisión, por la que adoptaron medidas cautelares sobre Puigdemont, dejándole en libertad, levantara una gran polémica en España. El Tribunal de Schleswig-Holstein cuestionó, en definitiva, la gravedad de los hechos –que comparó con las protestas por la ampliación del aeropuerto de Frankfurt– y que hubieran tenido relevancia suficiente como para poner en jaque al Gobierno de España.
Claramente, el texto del Supremo pretende salir al paso de estas interpretaciones, proporcionando nuevos datos y valoraciones. El objetivo es que, cuando resuelvan sobre el fondo del asunto, los jueces alemanes tengan más información, entre otras cosas porque es eso lo que han solicitado (ver La Vanguardia del 8 y 9 de abril sobre las peticiones de los jueces alemanes). En este sentido, el informe subraya tres factores: el 1-O fue la culminación de un largo proceso de rebe- hubo violencia, se causaron graves daños a la economía y se utilizó a la policía autonómica, que incumplió las órdenes judiciales de impedir el referéndum, previamente prohibido por el Tribunal Constitucional (TC).
“La votación del 1-O –afirma el Supremo– es un elemento más de la estrategia desplegada durante años. El referéndum no tiene una trascendencia penal en sí misma”, pero fue “uno de los actos de ejecución del delito de rebelión”. Y ello porque “a través de él se materializó la violencia que exige el delito de rebelión”. Pero también porque “se configuró como un elemento esencial para lograr la independencia, ya que la ley 20/2017 (la de Transitoriedad Jurídica), también anulada por el Tribunal Constitucional, obligaba a declarar la república catalana si quienes votaran en el referéndum fueran mayoritariamente partidarios del sí”.
El informe también afirma que los procesados “lanzaron a la población” contra las fuerzas del orden en dos momentos clave. Utiliza dicha expresión para referirse al registro de la Conselleria d’Economia los días 20 y 21 de septiembre pasado, y para aludir a la jornada del referéndum. En el primer caso “lanzaron a la población hacer frente a los agentes policiales encargados de los registros y de las detenciones”. Y en el segundo subraya que “el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ordenó a la policía que cerrara los colegios electorales el día 1-O y que el referéndum no se desarrollara, pero los procesados lanzaron a la población contra la actuación policial para que la votación se llevara a término”. De este modo “los procesados también desbordaron sin ningún pudor ni recato la contención que podía aportar el Poder Judicial del Estado”.
El Tribunal Supremo estima que los Mossos d’Esquadra incumplieron “las órdenes judiciales de cortar la insurrección”, y optaron “por plegarse a las órdenes dadas por el entonces presidente Puigdemont y su gobierno, esto es, por favorecer las movilizaciones y posibilitar la realización del referéndum y, con ello, la declaración de independencia”. Todo lo cual supuso “que los procesados hicieran ver al gobierno de España que el control armado del territorio estaba en manos de los insurrectos”. El informe concluye planteando a los jueces de Schleswig-Holstein que “deberían facilitar el enjuiciamiento” de Puigdemont conforme a las leyes de “la comunidad que ha resultado agredida, más cuando los hechos impactan con la organización constitucional y democrática de Catalunya y de todos los españoles”.
El informe subraya que hubo muchos actos de violencia y envía 74 vídeos para tratar de demostrarlo