Condenada por estafa continuada la empresa de basuras de Caldetes
La Audiencia Provincial ha condenado por un delito de estafa continuada a la empresa Mare Nostrum SL. que hasta finales del 2009 fue concesionaria del servicio de recogida de basuras en Caldes d’Estrac (Maresme). La sentencia dicta un año de prisión para el responsable y al pago de una indemnización de 17.873 euros más intereses, al tiempo que obliga a la compañía a pagar el 50% de las costas procesales.
Los hechos se remontan al 2009 cuando el gobierno que presidía Joaquim Arnó (CiU) detectó anomalías en la facturación de las toneladas de desechos urbanos que se transportaba a la Planta de Tratamiento de Residuos del Maresme. A parte de las quejas por deficiencias en el servicio, el exalcalde declaró haber detectado que “Caldetes pagaba como exceso de basura propio los excedentes de otros municipios en los que la empresa también trabajaba”. Desde que la concesionaria fue expulsada del servicio, el tonelaje de basuras se redujo en un 30%.
En el 2008 Caldes d’Estrac facturó 89,2 toneladas diarias de deshechos, mientras que el ritmo descendió hasta las 64,5 toneladas al año siguiente. En total, se han calculado 24,7 toneladas que el municipio pagó de más sin haberlas generado.
El tribunal considera probada la estafa, ya que Caldes d’Estrac debía pagar por los excesos que no producía y que, en cambio, permitían mitigar las sanciones a otros municipios para los que trabajaba la misma empresa. La legislación aplica tasas sancionadoras sobre los excesos, por lo que también sospechan “que nos cargó basuras de sus clientes privados”, lo que le permitía abaratar costes y acceder a más contratos.
El consorcio de residuos en aquella época penalizaba con 91 euros cada tonelada que el municipio excedía del límite. En su día, el alcalde declaró que Caldetes no tendría excedentes y que, en cambio, había tenido que abonar 60.000 euros. Asimismo, también denunció que el Consistorio, por contrato, estaba obligado a pagar por la amortización del camión de recogida. Una vez emitida la sentencia, desde el grupo municipal de CiU, ahora PDECat, se preguntan cómo fue posible que durante tantos años de servicio ningún responsable técnico ni político hubiera detectado que las cifras de tratamiento de basuras fueran extraordinariamente exageradas. Denuncian igualmente que anteriores responsables municipales del anterior gobierno del PSC hubieran impuesto el silencio ante los intentos de investigación del gobierno convergente mientras duró el procedimiento judicial. Los socialistas acusaron al entonces alcalde de prácticas autoritarias y poco éticas al haber expulsado a la concesionaria.