La comisión que analizará los delitos sexuales integra a 15 mujeres juristas
Tras las protestas, Justicia consigue en menos de una semana un órgano paritario
En menos de una semana, la sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación que se encargará de revisar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal ha pasado de estar compuesta íntegramente por hombres a ser paritaria, con presencia mayoritaria de mujeres: 15 frente a 13 varones. Las protestas de las juristas parece que han surtido efecto y que en este campo había expertas suficientes para integrar cualquier organismo, reduciéndose el problema a una cuestión de voluntad política y de concienciación en relación con la necesidad de incorporar las visión femenina en todos los campos sociales.
Según informó ayer el Ministerio de Justicia, la citada sección, que ha recibido el encargo del ministro Rafael Catalá de analizar el tratamiento de los delitos sexuales en el Código Penal y la elaboración de un informe con propuestas de reforma (compromiso surgido tras las fuertes y numerosas manifestaciones y movilizaciones de mujeres tras la sentencia del caso de La Manada), ha encontrado a las expertas en Derecho Penal, invisibles hasta el momento.
La citada sección quedará compuesta de manera permanente por doce mujeres y trece hombres, pero para el encargo concreto realizado por el ministro Catalá de revisar los delitos sexuales se sumarán tres mujeres más.
Cuando el ministro realizó este encargo salió a la luz que esta comisión estaba compuesta por veinte hombres y ni una sola mujer. Las críticas no se hicieron esperar, no sólo por la composición de esta sección en concreto, sino también por el resto de secciones de la Comisión General, en las que la presencia de mujeres es testimonial. Por el momento, se ha informado de la paridad en esta sección, sin que se sepa nada del resto de departamentos (la ley del 2007 obliga a la paridad en los órganos asesores).
La solución de Justicia fue incorporar de manera temporal a unas cuantas mujeres (sólo para el encargo del ministro), lo que provocó la reacción airada de las juristas, que se plantaron.
Un plante que se materializó en la primera reunión a la que sólo asistieron cuatro mujeres y en la que se decidió (con los votos de los 18 expertos hombres, ya que dos habían renunciado) suspender los trabajos hasta que la sección fuera equilibrada. Una semana después, ya lo es.
Entre las incorporaciones está la de la fiscal delegada contra la
La decisión del Gobierno demuestra que había expertas suficientes para este órgano asesor
Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera; la magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Ana Ferrer, la fiscal del Supremo Pilar Fernández Valcárcel y la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y especialista en violencia de género Susana Polo. También, la abogada Carmen Sánchez Morán, las catedráticas de Derecho Penal Piedad García-Escudero, Patricia Faraldo, Mirentxu Corcoy, Avelina Alonso de Escamilla, Carmen Lamarca, Carmen Gómez Rivero y la profesora de Derecho Penal Myriam Herrera Moreno.