Archivada la causa por estafa por las preferentes de Caja Madrid
La Audiencia cree que no se ha probado que hubiera engaño con este producto
No hubo engaño. O, por lo menos, no ha podido comprobarse. Éstas son las razones por las que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha llegado a la conclusión de que el caso de las participaciones preferentes de Caja Madrid tiene que archivarse. Este asunto constituía una pieza separada del caso Bankia y desde hace un año no se habían realizado diligencias.
La querella inicial fue presentada por UPyD, en el 2013, y la Fiscalía siempre estuvo en contra de considerar que en la comercialización de las preferentes hubiera existido delito. Pero había muchos perjudicados y muchas reclamaciones, que poco a poco se fueron canalizándose a través de la vía civil. Bankia quiso subrayar ayer que ha devuelto un total de 2.800 millones de euros a los titulares de los instrumentos híbridos –preferentes y subordinadasemitidos en su día por las cajas de ahorro que luego constituyeron esta entidad. Bankia, por tanto, no emitió preferentes, pero hizo frente a la situación creada, y devolvió 1.700 millones a raíz de acciones judiciales y los otros 1.100 a través del proceso de arbitraje.
Durante mucho tiempo, sin embargo, los preferentistas aparecieron periódicamente ante la Audiencia Nacional cada vez que se producían declaraciones de los antiguos gestores de Caja Madrid, o cuando comparecían exresponsables del Banco de España, que también fueron incluidos en la querella inicial presentada por UPyD. El letrado que ejerció la acción popular en nombre de esta formación política –ya sin presencia parlamentaria-, Andrés Herzog, manifestó ayer a La Vanguardia que, a pesar del archivo acordado, el tiempo empleado en el asunto nunca fue inútil, porque a través de este proceso se obtuvo mucha información que luego ha servido para lograr las devoluciones conseguidas por la vía civil.
La Fiscalía primero, y luego el juez, asumieron la idea de que hubo muchos perjudicados por la forma en que se comercializaron las preferentes, pero descartaron que hubiera desde el primer momento un ánimo de engaño. El auto de archivo dictado ayer por Fernando Andreu recoge el dato de que “la Fiscalía ha sido siempre consciente de la importancia del problema, que afecta a múltiples ciudadanos que, en toda España, han adquirido estos valores”. Y añade que “no cabe duda de que un gran número de estos adquirentes se sienten engañados, por no haber sido informados y advertidos de los riesgos del producto”.
En definitiva, el asunto acaba en archivo porque la Audiencia ha llegado a la conclusión de que hay que separar el momento de idear el producto y el de su comercialización. En esta última fase hubo muchos problemas, que el auto de Andreu reconoce, pero no los atribuye a que la intención de comercializar las preferentes obedeciera al propósito de estafar, sobre todo a inversores confiados, inexpertos o incautos.
“Es cierto –dice la resolución al respecto– que ha podido haber graves deficiencias en la comercialización de producto y que incluso han podido primar los propios intereses de los vendedores por encima de los de sus clientes”. Y añade que es por esta razón que “la satisfacción de los intereses de los preferentistas no encuentra acomodo en este procedimiento sino en la vía penal o civil mediante las oportunas acciones”, según cada caso concreto, pero no siendo globalmente considerado el asunto como una gran estafa colectiva. Aceptar esta tesis del engaño preconcebido hubiera equivalido a estimar que los querellados –entre los que estuvo el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez– fueron conscientes de utilizar “un producto tóxico” para estafar. Y eso –dice el juez– no se ha probado.
Según el juez Andreu, hay que separar el momento de idear las preferentes y su comercialización