Pablo Iglesias pregunta a las bases si dimite por el chalet
Ambos dimitirán si los inscritos creen que la compra de la casa mina su credibilidad
El líder de Podemos y la portavoz parlamentaria, Irene Montero, someterán a consulta de los afiliados de la formación si deben seguir en sus cargos tras la polémica protagonizada por la adquisición de su nueva casa.
Pablo Iglesias e Irene Montero han puesto sus cargos –internos e institucionales– a disposición de las bases de Podemos para que decidan si la adquisición de una vivienda unifamiliar en Galapagar mina su credibilidad para dirigir Podemos. Iglesias y Montero se juegan la continuidad del proyecto a una carta, la de los militantes de la formación.
El secretario general y la portavoz parlamentaria, hostigados por los medios los últimos días y cuestionados incluso dentro del partido por su decisión de comprarse un chalé con jardín y piscina a 40 kilómetros de Madrid ante su inminente maternidad de gemelos, convocaban ayer de urgencia a la prensa para anunciar su decisión de someter su permanencia al frente de Podemos al criterio de los inscritos, una operación de alto riesgo con la que pretenden zanjar la crisis de relato que ha abierto el hecho de que eligieran un tipo de vivienda que, aunque de precio ajustado para sus dimensiones, se ha conformado en alegoría de éxito social y abundancia, lo que ha causado conmoción en su propio partido.
Montero e Iglesias se confesaron sorprendidos por la dimensión de debate, pero sobre todo por lo que consideran una irrupción en su intimidad, sobre todo a raíz de la divulgación de imágenes interiores y exteriores de la vivienda, e incluso de la difusión de su localización.
“Con nosotros no funcionan las reglas que operan para el resto de políticos, con nosotros se atraviesan todos los límites. Hemos perdido todo derecho a nuestra intimidad”, decía Montero. Creen que con este debate se ha puesto en cuestión su honestidad, su coherencia y su credibilidad y que deben ser los inscritos los que decidan si son dignos de sus cargos.
Con su desafía a puerta gayola, Iglesias y Montero quieren girar el debate hacia la cuestión de los límites de la privacidad. Pablo Iglesias fue el único político que reaccionó con enfado patente cuando se filtró el vídeo de Cristina Cifuentes en el Eroski: “En política no vale todo, no era necesario destruir sin escrúpulos a un ser humano”. Fijaba así los límites de lo que considera escrutinio legítimo a un cargo público. Por eso se quejaba ayer Montero de la difusión “decenas de fotografías de la vivienda, diseñadores opinando sobre el gusto de los anteriores propietarios, analistas económicos valorando nuestras posibilidades de pago, y los paparazzi nos persiguen hasta el hospital”.
La consulta, cuyos detalles se conocerán el lunes, contendrá una sola pregunta: “¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la secretaría general
Los líderes de Podemos denuncian que “con nosotros se traspasan todos los límites” del derecho a la intimidad
de Podemos y de la portavocía parlamentaria?”. La respuesta negativa consagra su abandono la primera línea de la política: “No, deben dimitir de la secretaría general y de la portavocía parlamentaria y dejar el acta de diputados”. Lo que da la medida del all in lanzado a sus bases, una audacia que el propio secretario general ya empleó cuando los órganos del partido coqueteaban con apoyar el pacto de gobierno del PSOE y Ciudadanos, y para vencer la oposición interna a la alianza con IU. En ambas ocasiones ganó de forma aplastante.