Abortos sin ayudas
Los centros familiares, obligados a elegir entre ofrecer abortos o recibir ayudas
Donald Trump presenta una propuesta de ley que privará de financiación federal a los centros de planificación familiar que practiquen interrupciones voluntarias del embarazo, incluso si derivan las intervenciones a otras instalaciones.
Como todos los presidentes republicanos desde Ronald Reagan, nada más llegar a la Casa Blanca Donald Trump recuperó la ley que prohíbe a las oenegés que usen fondos federales para asesorar sobre el aborto en el extranjero. Sus bases más conservadoras le aplaudieron. “Es el presidente más provida de la historia de Estados Unidos”, le jaleó su vicepresidente, Mike Pence, cuando el año pasado intervino en la manifestación contra el derecho al aborto que desde hace 46 años recorre Washington en enero. Fue el primer presidente en hacerlo.
A pesar de que antes de ser candidato se declaraba “más bien a favor de la libre elección”, Trump ha respondido a las expectativas creadas y a la presión de sus bases más religiosas con la presentación de una propuesta de ley que privará de financiación federal a los centros de planificación familiar que practiquen interrupciones voluntarias del embarazo, incluso si derivan las intervenciones a otras instalaciones diferentes. La iniciativa se suma a otras decisiones como el nombramiento de varios jueces conocidos por su oposición al aborto o la autorización a los estados a retirar ayudas federales a centros de planificación familiar que asesoren sobre el esta posibilidad y vuelve a poner en primera línea del debate político una de las batallas sociales más divisivas en Estados Unidos.
La propuesta del Departamento de Salud obligará a centros de planificación familiar a dejar de ofrecer abortos o a renunciar a la financiación federal. En la práctica, pone a algunos centros como Planned Parenthood en la disyuntiva de elegir entre su supervivencia financiera o dejar desatendidas al pequeño porcentaje de sus pacientes que decide interrumpir su embarazo, una opción a la que es difícil de acceder en algunos estados del país. La normativa afectaría en principio también a hospitales y centros de salud no sólo orientados a las mujeres.
La propuesta exige a las clínicas para mujeres que reciban financiación federal (260 millones de dólares al año) demostrar una nítida separación física y financiera de cualquier organismo que, además de ofrecer controles ginecológicos o acceso a anticonceptivos, practique abortos. Aunque se basa en una ley de la era Reagan, la Casa Blanca ha renunciado finalmente a uno de sus puntos más controvertidos y que en su día prácticamente no llegó a aplicarse: la prohibición expresa de incluso mencionar la posibilidad de abortar.
Trump presentará personalmente la propuesta en un acto con la plataforma antiabortista de mujeres, Susan B. Anthony List, este martes en Washington. La ley estadounidense prohíbe el uso de fondos federales para practicar abortos y con la nueva propuesta se evitará que haya ningún tipo de financiación indirecta, celebró el viernes su vicepresidenta, Marjorie Dannenfelser, en una entrevista en la emisora pública NPR. Los centros de planificación familiar que quieran ofrecer abortos pueden sacar fondos de otro lado, en alguna fiesta de Hollywood”, por ejemplo, añadió.
El aborto es legal en todo el territorio de Estados Unidos desde la sentencia Roe contra Wade de 1973 pero cada estado lo ha regulado de manera diferente. La llegada de Trump a la Casa Blanca y el temor a que los demócratas recuperen terreno en las elecciones de noviembre ha provocado una avalancha de iniciativas legales en una veintena de estados para restringir el acceso al aborto. La propuesta de Trump “no es una ataque contra Planned Parenthood. Es una ataque a la libertad de elección. Es un ataque a los derechos de la mujer. No se puede regatear con la salud femenina”, criticó Kirsten Gillibrand, senadora por Nueva York y estrella ascendente entre los demócratas.
La propuesta devuelve a la primera línea del debate político una de las batallas sociales más divisivas en EE.UU.