Las tareas del nuevo Govern
Después de casi siete meses de intervención de la Generalitat, el artículo 155 llega a su fin con el nuevo Govern, que se espera que echará a de cambio climático, la de pobreza energética y la de igualdad; aumento del profesorado e impulso de la FP; subid
Equipos obsoletos amenazan la excelencia
La mejora en las listas de espera gracias a planes de choque, dinero y aumento de la eficiencia, deja ahora en primera fila otras tres necesidades que habrá que afrontar ya: inversiones para sacar de la obsolescencia al 10% de los equipos de diagnóstico y probablemente un porcentaje mucho mayor del mobiliario; cambios en las condiciones laborales, no solo salario, para que los profesionales nuevos se queden y se sientan interesados en un sistema que aún ofrece demasiada precariedad; y una apuesta más sólida por un tipo de centros hospitalarios, los llamados sociosanitarios, que se tienen que ocupar de las necesidades de la principal clientela de la sanidad pública, la población envejecida y con múltiples problemas de salud simultáneos, que no puede cuidar de sí misma en casa cuando le dan el alta en urgencias o en el gran hospital. Los centros que se ocupan de la necesaria convalecencia hoy están en un ámbito poco definido, apenas hay oferta pública y tienen una gran variabilidad en su calidad asistencial. Y a la poca atractiva oferta laboral de la sanidad pública se suma que en los próximos 10 años se jubila casi un tercio de los médicos. Y no hay nuevos de repuesto para todos. Sólo en pediatría se calcula que faltan en Catalunya unos 300 y sólo se forman 62 cada año.
La excelencia de la sanidad pública catalana, la que logra grandes hitos y se codea con los mejores en áreas como la oncología, los tratamientos punteros o imaginativas cirugías, tiene una base que puede resquebrajarse.
Y, además, el nuevo equipo tendrá que recuperar las paralizaciones del 155, que no son pocas en el caso de Salut: inversiones no ejecutadas, convenios sin aprobar (desde la farmacovigilancia al sida), tarifas de conciertos hospitalarios y hasta el pago de los abortos. / Ana Macpherson
Estrategia e inversión para mejorar la calidad
El sector educativo necesita sacudirse el lastre de los años de crisis económica que ha dejado al sistema en una situación muy comprometida para encarar el futuro. Como recordó la OCDE a nuestro país, “una educación de calidad necesita una financiación sostenible” que alcance al menos el 6% del PIB. El binomio de financiación y estrategia.
Sobre la mesa del nuevo Govern está ya la reclamación de una consejería de Universidades que no sólo resitúe el papel de estas entidades en la sociedad sino que aglutine sus demandas básicas y urgentes, como la bajada de las matrículas. Así, los rectores reclaman que el presupuesto del conjunto de universidades –que es equiparable al del Barça– aumente hasta los mil millones. Además, confían que se aborde un nuevo modelo de distribución financiera y se otorgue mayor autonomía de gestión. Urgen asimismo a renovar las plantillas envejecidas por las limitaciones de la tasa de reposición que en Catalunya aún continúan.
En el sistema educativo obligatorio, el Departament d’Ensenyament está ultimando los decretos de comedor, el de evaluación de secundaria y el de educación a distancia y está desarrollando el Observatorio de la Equidad que impulsó la consellera Meritxell Ruiz. Hay que ver si el nuevo Govern les da le visto bueno. Con todo, el decreto de la escuela inclusiva, ya publicado, debe ser concretado y dotado de mayor presupuesto para garantizar su funcionamiento.
Además, el nuevo conseller deberá afrontar el despliegue de una política de apoyo a la innovación y la concreción del pacto contra la segregación con el síndic de Greuges. Si aumenta la inversión educativa anterior a la crisis, deberá abordarse asuntos como la asunción del coste de las guarderías, el aumento de becas, la formación del profesorado así como la reimplantación de las medidas de acompañamiento educativo. / Carina
Farreras
Unos nuevos presupuestos
El principal cometido de un Govern es definir en qué y cómo se gasta el dinero público. Por eso, la elaboración de un presupuesto sería la primera medida que debería afrontar el nuevo equipo económico del president Quim Torra.
Algunos economistas defienden que aunque ya se han consumido casi cinco meses de este ejercicio, la elaboración de un presupuesto para el año en curso –aunque entrará en vigor pasado el verano– podría desbloquear partidas congeladas o centrar la nueva acción de Govern.
El presupuesto por el que se rige la Generalitat fue el aprobado para el año 2017. El Govern de Carles Puigdemont decidió no elaborar uno nuevo en otoño pasado a la espera de si Catalunya se independizaba. Con la activación del artículo 155, el Gobierno central prorrogó las cuentas. Un nuevo presupuesto podría desarrollar nuevas políticas como profundizar en la puesta en marcha de la renta mínima garantizada o proseguir con la reversibilidad de los recorte sociales llevados a cabo durante la última crisis. El nuevo Departament d’Economia después de coquetear con la posibilidad de regresar a los mercados para financiarse de manera independiente debe decidir si sigue vinculada o no al FLA (Fondo de Liquidez Autonómico).
Otra asignatura pendiente es diseñar el futuro de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), una vez que el Gobierno ha desmontado parte de su estructura como la que convertía la agencia en la recaudadora de los impuestos de las entidades públicas que luego enviaba a la agencia estatal.
Pero quizá uno de los cometidos más importantes que tiene por delante el Departament d’Economia será mantener la confianza en la estabilidad política e institucional de Catalunya para que las inversiones extranjeras –como las últimas anunciadas– sigan llegando. /
Eduardo Magallón
Restablecer unas relaciones maltrechas
El anterior conseller de Justícia dejó el legado más visible de todos cuantos han pasado, como fue el cierre de la Modelo, en un departamento cuyas competencias se circunscriben a la gestión del sistema de prisiones y a la organización del funcionariado de justicia. Sin embargo, la figura del conseller de Justícia se caracteriza por ser el representante de la Gene- ralitat ante los altos órganos judiciales, que departe en innumerables actos solemnes con magistrados y fiscales. En la actual coyuntura de tensión, con una evidente fractura con la judicatura y con el juicio a los políticos encarcelados a la vuelta de la esquina, la nueva consellera tendrá la difícil misión de limar asperezas y restablecer unas relaciones muy maltrechas. / Toni Muñoz
Mejorar presupuesto sin perderse en proyectos
Cultura tiene una ventaja, ya dispone de “estructuras de Estado” (Liceu, MNAC, Macba, Palau, TNC, ...). Lo que les falta es un presupuesto digno. Mejorarlo requiere pactos con la administración central y conseguir que el presupuesto de la Generalitat mejore ese escuálido 0,8% que dedica a cultura. El sector pide más recursos y más apoyos, y aunque parezca con- tradictorio menos proyectos. Esa idea se refleja en los museos. Lo prioritario es coordinarlos y potenciar sus piezas clave antes que acometer nuevos proyectos. El Departament no necesita ni otro libro blanco, ni más diagnósticos. Volver a ser una capital cultural es el gran objetivo y eso supone pasar página de Sijena (enterrar el victimismo) y orientarse hacia el futuro. / Josep Playà
Tener un trabajo ya no evita la pobreza
El libro de deberes en materia social está profusamente subrayado en rojo. El sinhogarismo y la tasa de riesgo de pobreza crece. Tener un trabajo ya no es suficiente antídoto contra la exclusión, según la Taula del Tercer Sector, que aglutina a más de 3.000 entidades sociales catalanas. El 19% de la población vive bajo el umbral de la po- breza, un porcentaje que se dispara en el caso de ancianos, niños y madres con hijos. Lo denuncian las estadísticas y las oenegés. El retraso en el pago de las subvenciones ha agravado el problema, pero es el modelo lo que está en crisis. Hay que mejorar la colaboración entre la Generalitat y los ayuntamientos, reducir burocracia y agilizar las ayudas. / Domingo Marchena
El cambio climático, banco de pruebas
El cuaderno verde de deberes del Govern tiene las tapas desgastadas desde hace años. En su interior está apuntada: la prevención de la contaminación salina en el Llobregat provocada por la minería de Iberpotash, la depuración de los acuíferos con exceso de nitratos a causa del descontrol de los vertidos de las granjas de cerdos, la reducción de la polución del área metropo- litana (aunque se haya esfumado el riesgo inmediato de una sanción de la UE) y la fiscalización de las tareas para eliminar el vertedero subacuático de Flix. La credibilidad está en juego también en la aplicación de la ley de Cambio Climático y la de prevención de los residuos. Otra deuda económica pendiente la tiene con los espacios naturales, postergados durante años. / Antonio Cerrillo
La CCMA, tocada por la crisis del IVA
En la CCMA esperaban como agua de mayo la formación de un Govern que les pueda inyectar una partida económica extraordinaria para contrarrestar los 167 millones de euros que les reclama Hacienda por el IVA de las subvenciones recibidas desde el 2015 tras un cambio de criterio en el cálculo por este concepto. Sin embargo, el ministro Montoro ya avisó este miércoles que tendrán especial control sobre las cuentas de TV3 para evitar “la promoción de actividades ilegales”. El director de la cadena, Vicent Sanchis, alerta que en estas condiciones no puede garantizarse una parrilla competitiva y que programas como Polònia o
El foraster podrían no regresar, además de tener paralizada la producción de series de ficción propias. / Francesc Puig
Recuperar la confianza de 17.000 policías
La lista de deberes del nuevo equipo de Interior es tan larga, como necesario que el nuevo conseller se arremangue y se ponga manos a la obra sin perder tiempo. Lo primero, recuperar el estado de ánimo y la confianza de los 17.000 policías catalanes que constituyen la columna vertebral de la seguridad pública en Catalunya.
En estos últimos siete meses, los Mossos d’Esquadra han sido vapuleados, señalados y puestos en duda, día si y día también. Con la tutela del 155 y dirigidos políticamente desde Madrid, no han tenido opción ni margen para defenderse. Les toca hacer público su relato sobre algunas de las acusaciones más graves que se han vertido contra la institución e intentar volver a ser la policía integral que eran antes de octubre del 2017 y recuperar el terreno perdido. Los mandos de la policía catalana ya llevan tiempo tratando de recomponer las relaciones con la judicatura, al conseller le toca remar en esa misma dirección.
Urge aprobar los presupuestos y reactivar nuevos planes de actuación urgente en dos materias. La primera el tráfico que sufre unas estadísticas de siniestralidad muy preocupantes, con un 70% más de fallecidos en las carreteras que en el mismo periodo del año anterior. El otro gran tema que requiere atención es la violencia contra las mujeres, un área que ya antes del 155 y la tutela ministerial, había dejado de preocupar e interesar a los distintos políticos, de todos los colores, que han ido desfilando por este departamento. En los últimos tiempos, se han priorizado otras políticas de prevención como todas las vinculadas con el terrorismo.
Al nuevo equipo le toca también aprobar cada años una nueva promoción de Mossos, tras demasiados años sin que haya entrado un nuevo policía, y ejecutar el plan de renovación de la flota e instalaciones de los Bombers de la Generalitat. / Mayka Navarro
Más inversión mientras el Constitucional decide
La inversión en materia de vivienda en Catalunya se mantiene en mínimos históricos y no se ha recuperado tras la crisis económica. Tampoco la construcción de pisos protegidos ha logrado acelerarse y Catalunya está a años luz de disponer de un potente parque público de vivienda. Esta es una de las principales críticas que esgrimen los ayuntamientos de Barcelona y su área metropolitana donde las residencias de compra y alquiler se encarecen sin freno. La captación de nuevas residencias para destinarlas al mercado público se ha concentrado en la compra a los grandes tenedores mediante el derecho de tanteo y retracto, una fórmula que permite a las administraciones comprar pisos procedentes de ejecuciones hipotecarias. Estas acciones resultan insuficientes para ampliar el parque de vivienda social y asequible. Sobre todo cuando la demanda de pisos crece, la oferta se mantiene estancada y los sueldos están a la baja. El problema del acceso a la vivienda se ve agravado por la judicialización de las políticas de la Generalitat. Los esfuerzos –no en inversión– para paliar la emergencia habitacional que sufren desahuciados y también familias trabajadoras que no pueden pagar el alquiler han topado con la oposición del Gobierno que ha recurrido al Tribunal Constitucional para frenar la ley catalana de Medidas de Protección al Derecho a la Vivienda. Una normativa que, entre otras cuestiones, facilita la mediación entre bancos y familias endeudadas. Con todo, el TC ha levantado la suspensión que impedía la expropiación de pisos vacíos a los grandes tenedores. El Govern empezó el año pasado a trabajar en una ley propia de alquiler. Para ello, elaboró un índice de precios que permite a los inquilinos determinar cuál es el alquiler justo que deben pagar por un piso. Una herramienta informativa que necesita incentivos y subvenciones para hacerla efectiva. En definitiva, más inversión. / Silvia Angulo