El empresariado catalán y el nuevo Govern
Los asuntos económicos no figuran en la lista de prioridades del flamante president de la Generalitat, Joaquim Torra, cuya agenda está prácticamente monopolizada por objetivos de índole estrictamente político y de plazo inmediato. Pero, independientemente de sus propias intenciones, hereda de su antecesor alguna resolución no abordada en el ámbito institucional vinculada con la economía. Torra las tendrá sobre la mesa en los próximos días.
Además, en el complejo mundo empresarial catalán, la actitud del nuevo Govern será estudiada con suma atención, tanto para conocer su orientación general como para calibrar las relaciones de fuerza entre la diversas corrientes en los inmediatos procesos de renovación y cambio que se producirán en las organizaciones del ámbito patronal.
Las relaciones entre la nueva presidencia de la Generalitat y el empresariado catalán quedarán delimitadas por las conclusiones que el primero haya extraído del masivo traslado de sedes de empresas catalanas hacia otras localizaciones en el Estado, aunque especialmente a Madrid; y la clásica demanda de los segundos de que los políticos hablen de lo que quieran pero que aseguren estabilidad y tranquilidad.
Pero el de hoy no es el mundo de ayer. Las coordenadas del universo económico y empresarial catalán han cambiado tras la gran crisis –y las políticas aplicadas para superarla por un Estado que ha actuado con altas dosis de desafección– y el procés . Esas referencias han regido las últimas tres décadas, pero ahora se buscan otras. Así se explica el actual clima deliberativo de los empresarios, ese que anuncia cambios. A diferencia del pasado, sus opiniones e intereses no son más la referencia única, como en los tiempos de Jordi Pujol o el primer Artur Mas. La convivencia social es más compleja.
El independentismo defiende de forma casi unánime que la marcha de sedes corporativas es económicamente inocua –argumento que llevado al extremo implicaría la idea de que da igual tenerlas o no–, pero en su seno debate si quienes han decidido optar por el cambio deben hacer frente a alguna consecuencia de índole reputacional o de representación social o, por el contrario, debe de asumir como inevitable lo sucedido, atribuirlo a la presión del Estado y no agrandar el choque con la burguesía catalana. Traición o cobardía.
Muchos van a interpretar en estos términos los primeros movimientos de Torra en este ámbito. La nueva presidencia de la Fira está destinada a servir de primer barómetro de las sensibilidades gubernamentales. Un nombramiento largamente aplazado; desde el pasado verano. Y que pone a prueba el equilibrio de fuerzas entre las dos principales administraciones catalanas, la Generalitat, y el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau a la cabeza; y entre estas y el empresariado, en este caso representado por la Cambra que preside Miquel Valls. La presidencia de la Fira debe surgir de un pacto completo entre esas tres instituciones.
Colau, que tiene la potestad de convocar el pleno para elegir la presidencia, se opuso con éxito al cambio mientras la Generalitat estuviera intervenida por el artículo 155, y se quedó a la espera del Govern que surgiera de las elecciones del 21-D. Es decir, al momento actual. Pero, despejada la incógnita de quien ocuparía la Generalitat, no parece que las otras dos instituciones, que viven una situación de enfrentamiento permanente sobre las políticas económicas a aplicar en la ciudad, hayan conseguido un aliado para sus posiciones. Ninguno de los dos ha acogido con agrado al nuevo president.
Valls, a quien corresponde proponer candidatos, avanzó antes de los comicios que su candidato era Quim Faura, director de Telefónica en Catalunya. La alcaldesa no se pronunció, aunque siempre abrazó la idea de que una mujer debía ser la candidata.
En la Cambra, donde la influencia del poder político siempre ha sido más difusa, el cambio está pendiente de decisiones legislativas de la Generalitat, para poner en marcha la carrera electoral. Ramon Masià, exaliado de Valls, ha anunciado su candidatura, mientras el cazatalentos Luis Conde se ha puesto en marcha, buscando apoyos entre empresarios y políticos.
Queda la gran patronal catalana, Foment del Treball. Comicios en otoño y con su actual presidente, Joaquim Gay de Montellà –hombre a quien por cierto se le ha reprochado su acercamiento público a las tesis del Gobierno de Mariano Rajoy– descartando adelantarlos, como le sugieren algunos, incluso desde la cúpula de la CEOE, que preside Juan Rosell. No hay candidatos formales sobre la mesa, aunque la sombra de Josep Sánchez Llibre, exdiputado en el Congreso de CiU y actual responsable de relaciones con las Cortes de la CEOE, suma apoyos al tiempo que desalienta candidaturas alternativas. Su nacionalismo moderado tranquiliza al conservador empresariado que congrega Foment y no parece despertar excesivas alergias entre los independentistas más activos.
Los próximos meses serán decisivos para ver qué conclusiones extrae el empresariado catalán y qué cara quiere componer tras estos convulsos años y, sobre todo, cómo quiere que se le vea en los que vienen, pues tampoco estos parecen ofrecer un perfil más sencillo.
Las relaciones con Torra: entre las consecuencias del cambio de sedes y las demandas de estabilidad