Ciudades por la eutanasia
Los ayuntamientos se ofrecen para informar y registrar los testamentos vitales
Queremos promover desde Catalunya una red europea de ciudades para que se respete el derecho de sus vecinos a una muerte digna”, resumió Isabel Alonso, presidenta de Dret a Morir Dignament Catalunya. Su asociación reunió el viernes en el Parlament a representantes de un amplio número de ciudades, desde Barcelona a Mataró y Figueres pasando por Salamanca, Pamplona, París o Amberes, que se han mojado oficialmente en favor del acceso efectivo a ese derecho, cada cual desde su ámbito de poder.
Por ejemplo, algunos ayuntamientos como el de Figueres proponen que se estudie como reformar el derecho Civil catalán para que las voluntades anticipadas, el testamento vital, se pueda hacer ante un funcionario municipal y no sólo ante notario o con el procedimiento que se facilita en los centros de primaria con tres testigos.
Defienden que desde los ayuntamientos hay mucho que hacer. “Podemos garantizar que los funcionarios que informan al ciudadano conozcan el tema y lo hagan de forma adecuada, porque no están tratando un permiso de obras, sino sobre la vida y la muerte de quien acude a ellos”, apuntó Jean Luc Romero, presidente de a asociación DMD en Francia y alcalde del distrito 12 de París. Y para eso hay que ofrecer una correcta formación a los profesionales que intervienen, desde los servicios domiciliarios a enfermos avanzados hasta simplemente vecinos que quieren saber a qué tiene derecho y cómo preservarlo.
Municipios italianos, como Roma, Turín, Nápoles o Milán decidieron no esperar a una ley específica para todo el país y, acogiéndose al derecho constitucional de que a nadie se le puede obligar a recibir un tratamiento médico, organizaron sus propios registros municipales de voluntades anticipadas.
“Ese movimiento desde la base, si conseguimos convertirlo en una red de ciudades europeas, podrá invocar la convención europea sobre Derechos Humanos”, propone Marco Cappato, ex eurodiputado y actualmente procesado en Italia por acompañar al conocido DJ Fabo a morir a Suiza tras intentar infructuosamente por todos los medios que le aplicaran la eutanasia en su país.
Estos registros de voluntades anticipadas en los ayuntamientos facilitarían el acceso a este derecho a cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga los medios económicos que tenga. “Como ya hacen a la hora de dar fe de vida, de la misma manera que se desarrolló el registro de parejas que fue el precedente de la ley que permitió el matrimonio homosexual”, señala la presidenta de DMD Catalunya.
El Congreso ha abierto la puerta por primera vez a la discusión de la despenalización de la eutanasia que propuso el Parlament de Catalunya y a la regulación de su práctica, con una proposición del PSOE. “Y esperamos que pueda seguir su tramitación con normalidad en cuanto termine el periodo de enmiendas”, apunta la diputada del PSC Lidia Guinart. Sólo rechaza de momento tratar el tema el PP y Ciudadanos opta por abstenerse, aunque a nivel municipal sí apoya las iniciativas que se adoptan en favor de la muerte digna.
Mientras, las parlamentarias catalanas que defendieron en Madrid la propuesta de la mesa del Parlament, Alba Vergés (ERC), Assumpta Escarp (PSC) y Marta Ribas (ECP), ya han empezado a trabajar sobre todos los aspectos prácticos en el ámbito de Catalunya de la posible despenalización.
La corriente en favor de afrontar esta materia también ha llegado al Parlamento francés, donde ya se cuenta con una mayoría de diputados en al menos tres grupos parlamentarios para sacar adelante una ley de eutanasia, según asegura el presidente de DMD Francia Jean Luc Romero.
Ahora están pendientes de los informes de los comités de bioética, pero creen que a finales de este año o principios del próximo Francia habrá logrado regular el ejercicio de este derecho al que los políticos tanto temen.
En Europa, sólo Holanda, Bélgica y Luxemburgo ha regulado la práctica de la eutanasia para enfermos terminales y sigue habiendo discusiones sobre su uso en casos de demencias. Suiza permite el suicidio asistido.
Desde Catalunya se promueve una red europea de municipios que facilite un derecho aún no reconocido