La condena al PP por Gürtel abre la vía a una moción de censura
OeEl fallo considera al partido responsable civil por la caja B oeBárcenas afronta una pena de 33 años, y Correa, de 51 oeEl PSOE fuerza a Cs a decidir si echa a Rajoy
La sentencia sobre la primera etapa de la red Gürtel va a quedar grabada a sangre y fuego en la historia del PP. En muchos aspectos, la resolución es demoledora, porque coloca al partido que gobierna en España ante su particular muro de la vergüenza. Por muchas razones. Por la envergadura de las condenas –es decir, de las responsabilidades–, consistentes en 33 años y 4 meses a su extesorero Luis Bárcenas o, por ejemplo, 51 años y 11 meses al líder de la trama, el supuestamente arrepentido Francisco Correa, descubridor de las virtudes electorales del expresidente Aznar, cuyos mítines y actos públicos organizaba. Pero sobre todo porque la Audiencia Nacional dice negro sobre blanco que en el PP hubo caja B, y que Bárcenas prácticamente la condujo y utilizó a su antojo.
La consecuencia de todo ello es que el PP pasa como organización política a la lista de condenados, aunque bien es cierto que bajo el título de partícipe a título lucrativo, lo cual implica responsabilidad de naturaleza civil, no penal. Lo que se estima probado, en definitiva, es que el PP se benefició, se lucró de los efectos de los delitos cometidos por la red Gürtel en conexión con dirigentes concretos del partido. Es un matiz importante, aunque no libra al PP de salir fuertemente salpicado como organización política, al margen de sus responsabilidades de todo tipo por la supuesta falta de control sobre las actividades de su extesorero. La cantidad a la que el PP tendrá que hacer frente, porque la obtuvo y dispuso de ella de forma ilícita, es de 245.492.8 euros.
La Audiencia, en todo caso, no ha dado credibilidad a los testimonios prestados por dirigentes actuales del PP ni tampoco a los de antiguos líderes que, como Francisco Álvarez-Cascos, también negaron la existencia de la caja B. El tribunal atribuye esa negativa a “lo que significaría” dicho reconocimiento. En el folio 1.078 de la sentencia se llega a decir que el testimonio prestado por dichos testigos “no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B del partido”. Y añade que, en palabras de la Fiscalía, “no son suficientemente creíbles estos testigos para rebatir dicha contundente prueba” sobre la existencia de la contabilidad paralela de la organización popular.
La sentencia no es unánime –tiene un voto particular en contra, el del magistrado Ángel Hurtado, que abogaba por absolver al PP y a tres de los acusados– y consta de 1.687 folios. Es un tratado de sociología y criminalística sobre la España anterior a la crisis. Tom Wolfe habría podido hacer con ella la segunda parte de La hoguera de las vanidades. Lo que describe es una orgía delictiva continuada, una bacanal de ilícitos penales, un interminable festín de corrupción sin freno. Lo que se juzgaba era la primera época Gürtel –atención, ¡sólo la primera!–, que abarca desde el 1999 hasta el 2005. En ese periodo la red dirigida por Correa tuvo tiempo de perpetrar 28 delitos de prevaricación, 24 de cohecho, 26 de blanqueo de capitales, 36 de malversación de fondos y 20 delitos contra la hacienda pública, 11 de los cuales se atribuyen en exclusiva a Luis Bárcenas –que también deberá hacer frente a una multa de 44 millones– y su esposa, Rosalía Iglesias, condenada a 15 años de prisión.
Habrá que ver si esta condena produce efectos colaterales. Se creía que el disminuido afán de denuncia de Bárcenas –convertido a la mansedumbre en los últimos episodios de esta saga judicial– se debía a que había puesto a salvo de la cárcel a su esposa. Ya se ve que no. Hay expectación por comprobar si al extesorero le quedan fuerzas para dar algún coletazo, aunque tenga muy mermada su credibilidad.
Lo que la sentencia deja claro, en relación con Bárcenas, es que la caja B del PP no es una ficción suya, porque existió. La caja B sirvió durante años para que el PP pudiera llevar su administración alternativa siguiendo la pauta histórica de las cuentas del Gran Capitán, porque consistía “en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como
LA EXMINISTRA
Ana Mato, condenada como responsable a título lucrativo a pagar 27.857 euros
EL BALANCE
La Audiencia atribuye a la red Gürtel 134 delitos económicos entre 1999 y el 2005
LA OTRA CONDENA
El tribunal impone 15 años de prisión a la esposa de Bárcenas, que alegó ignorarlo todo
LA DISIDENCIA
La sentencia no es unánime; uno de los magistrados cree que se debió absolver al PP
las correspondientes al acusado Bárcenas”. En tales hojas “se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes” de la organización.
La Audiencia se sirve en este punto del bisturí jurídico para precisar que alude a la caja B sin querer entrar a fondo en ella, porque su análisis no es el objeto de esta causa. “Estos últimos aspectos que se describen –dice la resolución– lo son únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento, pero quedando fuera de su ámbito de conocimiento”. En teoría, lo que se juzga en esta causa sobre la primera época de Gürtel es la actividad de la red en una serie de municipiosycomunidadesconcretas. Entre ellos, Pozuelo y Majadahonda, en Madrid, así como Estepona, en Málaga, y otras localidades pertenecientes en este caso de Castilla y León. Pero en la práctica se trata de una actividad delictiva con muchas derivaciones.
El exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, ha sido condenado ahora a 38 años de prisión. Su jefe de gabinete fue María del Carmen Rodríguez, la esposa de Correa. El principio del fin de aquellos años felices lo puso José Luis Pérez, exconcejal del PP, quien grabó secretamente a Correa, una iniciativa que está en el origen de las investigaciones iniciadas por el exjuez Baltasar Garzón. Ortega explicó en el juicio que cuando algo empezó a oler mal en su municipio “me dieron una patada hacia arriba”. A Pérez, en cambio, se la dieron hacia abajo, porque le echaron del partido.
Entre las penas más altas figura también la impuesta a Alberto López Viejo , exconcejal de Limpieza Urbana de Madrid y exconsejero de Deportes de la Comunidad madrileña, condenado ahora a 31 años de prisión. De él dijo el expresidente madrileño Ignacio González que “se llevaba” 4.000 euros diarios. Y otro alcalde con una elevada condena es Jesús Sepúlveda, a quien la Audiencia le ha impuesto 14 años de prisión. Sepúlveda ostentó la alcaldía de Pozuelo de Alarcón, desde la que contrató con las empresas de Correa. Lo hizo, desde luego, a satisfacción del líder de la red, que le agasajó con toda clase de dádivas, desde un Jaguar hasta el pago de viajes y la organización de fiestas infantiles para sus hijos.
Sepúlveda estuvo casado con la exministra Ana Mato. La Sala Penal la ha condenado ahora como partícipe a título lucrativo, como al PP, porque se benefició de aquellas atenciones. Mato tendrá que pagar ahora 27.857 euros, que es el valor atribuido a dichos presentes. Un aspecto interesante de la sentencia en este punto es que ni en el caso de Mato, ni el de Gema Matamoros –esposa de Ortega y también condenada por responsabilidad a título lucrativo–, y menos aún en el caso de la mujer de Bárcenas ha prosperado la tesis de que ignoraran la actividad de sus respectivos maridos. La sentencia viene a decir que especialmente en el caso concreto de Rosalía Iglesias –la esposa del extesorero– no se puede pretender que el tribunal comulgue con ruedas de molino, porque estima probado que ella colaboró directamente con los negocios ilícitos de su marido y que no puede ampararse en que carecía de los conocimientos precisos para actuar en ellos.
Bárcenas explicó en el juicio que cuando visitaban los bancos en Suiza, ella se quedaba en una sala de espera, siendo tratados ambos con las mayores deferencias y miramientos. Un banco suizo –quiso aclarar– “no es como la sucursal de la esquina”. Los jueces, a su vez, explican en la sentencia que no han creído a Rosalía Iglesias por las pruebas recabadas y porque atender a su justificación de ignorancia supondría relegarla “a poco más de un simple objeto, y eso no lo debe consentir el tribunal”.
En cuanto al procedimiento más usual de Gürtel, la sentencia subraya la creación de “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”, con los que luego se repartían las comisiones. En definitiva, lo que se describe es un sistema de corrupción generalizado, y no circunscrito a unos pocos municipios, como el PP ha sostenido en diversas ocasiones en su defensa.