El juez investiga si la Diputación desvió ayudas a empresas afines a CDC
La Policía Nacional despliega más de 200 agentes y hace una treintena de detenciones para localizar expedientes por dos millones de euros
Un anónimo es el origen de la operación desplegada ayer en Catalunya por el supuesto desvío de ayudas de la Diputación de Barcelona a empresas afines a CDC durante el anterior mandato. Entre los detenidos –sólo cinco declararán ante el juez– se cuentan el expresidente de la Diputación Francesc Esteve; el alcalde de Tordera, Joan Carles Cañizares, y Víctor Terradellas, de la Fundació CatMón.
El juzgado número 1 de Barcelona ordenó casi una veintena de registros y treinta detenciones en una operación que relaciona las subvenciones otorgadas por la Diputación de Barcelona hasta el año 2015 con la financiación de CDC.
Tras unas primeras horas de confusión en la que algunas fuentes oficiales aseguraron que la operación policial que ayer se desarrolló en Catalunya iba a “documentar la malversación de fondos públicos dirigidos a financiar el independentismo”, lo cierto es que a primera hora de la tarde la causa se quedó en el presunto desvío de fondos públicos a entidades y empresas de la órbita de la desaparecida Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) con la posibilidad de que parte del dinero fuera a parar a los bolsillos particulares de algunos de los investigados.
La investigación arrancó hace dos años a partir de un “voluminoso manuscrito anónimo” que alguien entregó en los juzgados de Barcelona y que por reparto, cayó en el titular de instrucción número uno de Barcelona, Joaquín Aguirre. El juez quiso que fuera la unidad de delincuencia económica y financiera (UDEF) de la Policía Nacional los encargados de verificar las acusaciones. Básicamente lo que se denunciaba era que entre el 2012 y el 2015, en el periodo de Salvador Esteve –que ayer fue uno de los detenidos– al frente de la Diputación de Barcelona, se desviaron hasta dos millones de euros que la Unión Europea transfirió para 28 proyectos de cooperación internacional en países como Sarajevo, Marruecos, y otros tantos de América Latina.
Durante la jornada de ayer, los investigadores realizaron una veintena de registros en domicilios, despachos institucionales y profesionales, y practicaron treinta detenciones durante las horas que duraron los registros. Todos quedaron después en libertad con cargos, a excepción de cinco de ellos que está previsto que pasen a disposición judicial en las próximas horas. Se trata de Joan Carles Cañizares, alcalde de Tordera y diputado de Junts per Catalunya; Jordi Castells, subdirector general de Cooperació de la Generalitat; Jonathan Jorba, jefe de la Oficina de Coooperació del Govern; Víctor Terradellas, presidente y patrono de la Fundació CatMón, así como Joaquim Ferrer, director de Pimec hasta el 2014. Estos son los protagonistas que, según el juez, formarían parte de una presunta trama de “funcionarios de la Diputación, ciertos alcaldes y determinadas fundaciones de empresas a las que se subvenciona de manera absolutamente irregular”.
Para garantizar la seguridad de las actuaciones, la Policía contó con antidisturbios de la UIP, varios centenares, trasladados desde distintos puntos de España, y no solicitó la colaboración de los Mossos.
Lo primero que hizo la UDEF fue solicitar a la Diputación todos los expedientes “sospechosos” a los que hacía referencia el anónimo. Tras su estudio, los policías trasladaron al magistrado que el entonces director de relaciones internacionales de la Diputación de Barcelona, Jordi Castells, “presionó” a los técnicos de su departamento para que emitieran “informes favorables” en la concesión de determinadas subvenciones. En ocasiones, los beneficiarios fueron empresas que no tenían ningún tipo de experiencia en cooperación internacional y que se habían creado expresamente para recibir la ayuda. Al carecer esas entidades de actividad y, por tanto, no tener la memoria que se exige a los que aspiran a recibir subvenciones para cooperación internacional, estos documentos se inventaban, o se realizaban, asegura el juez en los autos firmados ayer para los registros, copiando y pegando
Los investigadores no relacionan, de momento, los fondos desviados con la financiación del ‘procés’
memorias que se pueden encontrar en internet.
Los investigadores cifran en dos millones de euros el montante económico desviado a fundaciones, patronales y empresas ligadas a la desaparecida CDC. La treintena de investigados, que, según el juez, actuaban de manera organizada, se cuidaban de que la cuantía de los fondos adjudicados fuera inferior a los 18.000 euros para evitar así el concurso público y la presencia de otros competidores más solventes.
De la actuación de todos ellos se desprende que el procedimiento administrativo para lograr las subvenciones fue irregular, y cita varios ejemplos que lo sustentarían. Se presentaba la factura antes de la entrega del trabajo, la justificación de la adjudicación por parte la Diputación era genérica, no se aportaba memoria técnica ni propuesta económica, no se presentaba el trabajo encargado en el plazo establecido, llegando a proporcionarlo hasta un año más tarde, y las subvenciones se acababan otorgando aun cuando existían informes contrarios de los técnicos de la Diputación.
Sin embargo, los servicios jurídicos de la corporación, tras repasar los expedientes citados en la orden de registro, consideraron ayer “impecables” todas las operaciones, que beneficiaron a ayuntamientos de diferente signo político.