La CUP y la CGT denunciaron en el 2016 irregularidades en el ente provincial
“Éramos conscientes de que la Diputación es una administración opaca, un pesebre de partidos políticos, y no había por dónde cogerlo”. Así describió la concejal de la CUP Maria Rovira la entrada de los tres diputados anticapitalistas al ente provincial de Barcelona. Y es que los cuperos, junto con el sindicato CGT, presentaron una denuncia el 7 de junio del 2016 ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) por presuntas irregularidades en las partidas de cooperación cuando la Diputación estaba dirigida por Salvador Esteve y CiU. No obstante, unos meses más tarde Antifrau comunicó a la CUP y la CGT que archivaba la denuncia porque tenía constancia que se investigaba lo mismo en sede judicial gracias a un anónimo.
Ayer la CUP también aprovechó para hacer una valoración política, ya que no cree casual que los registros policiales en la Diputación se produjeran el mismo día que se hizo pública la sentencia del caso Gürtel: “No toleraremos que se use el independentismo para tapar esta corrupción, como tampoco toleraremos que se use la corrupción para atacar al conjunto del independentismo”, subrayó Rovira.
“Uno de nuestros objetivos era poner luces y taquígrafos a todo aquello que ha estado ocurriendo en esta administración. Sabíamos que se había desarrollado una red clientelar”, insistió la cupera.
Pero la sombra de la sospecha sobre el área de relaciones internacionales era larga. En el 2015 el grupo de ICV-EUiA –llamado Entesa en el ente provincial– reclamó explicaciones al director del área de relaciones internacionales, Jordi Castells, por el reparto del fondo de la cooperación a empresas con escasa experiencia en la cooperación al desarrollo. Además, provocó una junta de portavoces extraordinaria en la que pidió explicaciones sobre la adjudicación de los concursos y contratos.
Ayer, a través de un comunicado, Entesa volvió a exigir transparencia al gobierno de la Diputación de Barcelona. “Estas prácticas [corruptas] erosionan los principios de una buena administración, falsean la competencia, y ponen en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas”, asegura en el texto.
El grupo ICV-EUiA en la Diputación pidió hace tres años explicaciones por la adjudicación de los concursos