Una sentencia ineludible
LA Audiencia Nacional dio ayer a conocer la sentencia del caso de financiación irregular del Partido Popular, conocido como Gürtel (versión alemana del apellido del jefe de la trama, Francisco Correa), cuyo rostro más relevante es Luis Bárcenas, extesorero del PP. Aunque apelable, la sentencia es un verdadero varapalo para los principales acusados, condenados a largos años de prisión, y también para el Partido Popular, sentenciado civilmente como beneficiario de la trama. La sentencia es dura: 51 años para Correa; 37 para su colaborador Crespo; 33 años y 44 millones de multa para Bárcenas.
El PP sale muy atribulado de este juicio, pues ha quedado demostrado que el partido más determinante de la España actual, el que más poder acumula desde los años noventa, mantenía una contabilidad paralela y estableció vínculos con una trama de sociedades irregulares que se beneficiaba del tráfico de influencias, la concesión irregular de servicios públicos y otras ilegales transacciones (“donaciones a cambio de favores”). El fallo recae sobre políticos de relieve del PP, como Alberto López Viejo, exconsejero de Esperanza Aguirre (31 años); Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo (14 años), y su exesposa Ana Mato, exministra de Sanidad, como partícipe a título lucrativo. Al margen de estos condenados concretos, la sentencia establece que el PP ha mantenido vínculos de carácter lucrativo con una red corrupta, motivo por el cual los jueces condenan al partido como responsable civil a pagar 245.492 euros.
La esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, ha sido condenada a 15 años, y se aventura que el extesorero habría ocultado datos y documentos comprometedores sobre altas personalidades del PP, con el objetivo de proteger a su esposa. Se especula ahora con la posibilidad de que Bárcenas propague nuevas revelaciones, fundadas o fantasiosas, que, de producirse, contribuirán, sin duda, a emponzoñar todavía más el ya muy enrarecido clima político español, muy deteriorado por los numerosos casos de corrupción (sin ir más lejos, en estos días Eduardo Zaplana, otro ministro del gobierno de José María Aznar investigado judicialmente, ha sido detenido por un presunto caso de blanqueo de dinero).
Hace ya tiempo que el PP tenía que haber ofrecido una clara y completa explicación de los errores cometidos por el partido. El PP tenía que haberse sincerado, no atrincherado, ante la opinión pública. No es suficiente con asegurar que son casos del pasado y que se han tomado medidas, cuando además el grupo de estados contra la corrupción Greco, dependiente del Consejo de Europa, reprochaba hace pocos meses al Gobierno español que no hubiera hecho caso de sus recomendaciones.
La oposición al Gobierno se dispone a aprovechar la sentencia para urdir complejos cambios de mayoría. Pedro Sánchez ha decidido dar un paso adelante y presentar una moción de censura. Independientemente de si esa iniciativa logra recabar los apoyos parlamentarios suficientes para desbancar a Rajoy, se aprecia en esta medida un intento de poner en una situación delicada no sólo al Gobierno del PP, sino al partido que está ascendiendo más en las encuestas, que es Ciudadanos. Albert Rivera, que ha hecho bandera de la regeneración, tendrá que decidir si, después de apuntalar a Rajoy con su apoyo al presupuesto, abona una censura en su contra. Los manejos partidistas pueden hacer olvidar que es necesario acometer medidas verdaderamente eficaces contra la corrupción, en la línea de lo recomendado por Europa.