La explosión de la pirotécnica ilegal de Tui deja dos muertos
La catástrofe derribó doce casas y causó 37 heridos
Santiago de Compostela
La explosión de Tui formó un hongo de humo en el cielo del sur de la provincia de Pontevedra y dejó un cráter lunar en el lugar de la catástrofe, un almacén ilegal de material pirotécnico, cuyo estallido el miércoles por la tarde causó dos muertes, las de un matrimonio de origen marroquí que deja a dos menores huérfanos, y provocó 37 heridos, doce casas destruidas al completo y cerca de medio centenar dañadas, con varias decenas de personas desalojadas. “Pensamos que era el fin del mundo. Todo empezó a arder”, relató una vecina, que narró cómo ella y su marido sintieron que les caía “la casa encima”, mientras sus pertenencias se volatilizaban. Otro superviviente estaba en la puerta de un bar y la onda expansiva lo levantó por el aire, por lo que creyó que “era un terremoto”.
La devastación fue de tal magnitud, con un estruendo que se escuchó a decenas de kilómetros de distancia, que las autoridades temían que hubiese un mayor número de fallecidos, como reconoció el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo. Sin embargo, después de que ayer por la mañana apareciese el segundo cadáver, por la tarde se descartaba en principio que hubiese más víctimas, aunque seguían los trabajos de desescombro en la aldea de A Torre, en la parroquia de Paramos del municipio pontevedrés de Tui.
La pareja fallecida vivía en las proximidades del almacén ilegal de explosivos. Llevaba más de una década en Galicia y tenía dos hijos, de 13 y 8 años. En el momento del desalojo el mayor advirtió a los servicios de emergencia que sus padres se encontraban dentro de la casa. El cuerpo de la mujer fue encontrado poco después, y el del hombre, ayer por la mañana. Familiares y amigos de la pareja se desplazaron a Tui para hacerse cargo de los niños.
En la misma tarde del miércoles fue detenido el dueño del material explosivo, que pasará hoy a disposición judicial, acusado de homicidio imprudente entre otros presuntos delitos. Se trata del propietario de la pirotécnica La Gallega, cuyas instalaciones, situadas a cuatro kilómetros del lugar del siniestro, fueron clausuradas en el 2015 tras retirársele la licencia urbanística y después de haber registrado dos explosiones previas, en 1980 y el 2005.