El 46% de las sentencias de la Audiencia Nacional tumban multas de la CNMC
Competencia señala que el Supremo les da la razón en siete de cada diez fallos
La batalla judicial por las multas con las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) persigue prácticas monopolísticas y de cárteles se ha convertido en un contratiempo cotidiano para el supervisor. Lo habitual es que las empresas ejerzan su derecho a recurrir estas sanciones, y se inicie la correspondiente disputa por la vía administrativa ante los tribunales. Sin embargo, según el análisis de las sentencias publicado ayer por el organismo que preside José María Marín Quemada, el trato judicial difiere, en función de la instancia que se pronuncie. Entre el 2014 y el 2017, el 45,9% de las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional anularon resoluciones sancionadoras de la CNMC sobre competencia. En total, de las 307 sentencias dictadas, sólo 166 fueron favorables al órgano supervisor (o a su predecesor, la Comisión Nacional de la Competencia).
En cambio, la situación mejora notablemente en la instancia superior, ya que el informe de la CNMC recoge que el Tribunal Superior les ha dado la razón en estos últimos años en el 71,5% de sus pronunciamientos –113 de un total de 158–. En todo caso, según aclara el informe, se consideran sentencias favorables tanto las que confirman la resolución de Competencia en su totalidad como las que, aún reconociendo la infracción, revisan la cuantía de las multas. La rebaja de las sanciones es un punto controvertido para el organismo desde hace años. La propia CNMC recuerda que el cálculo de las sanciones por conductas contra la competencia “está en constante revisión” desde el 2009 y que la jurisprudencia del Supremo en el 2015 “sigue estando en el origen de la mayoría de las sentencias parcialmente estimatorias dictadas últimamente por los tribunales”.
El año pasado la Audiencia Nacional dio la razón al órgano de Marín Quemada sólo en el 35% de sus fallos (39 de 111 sentencias), mientras que en la instancia superior recibió un 85% de sentencia a favor (17 de 20).
Si se atiende a las resoluciones por infracción de la CNMC recurridas, la Audiencia Nacional ha avalado –total o parcialmente– tres de cada cuatro y el Supremo, el 82,7%.
Por otra parte, el BOE publicó ayer el recurso presentado por Competencia ante el Supremo contra un real decreto del pasado diciembre sobre las licencias para vehículos de alquiler con conductores (VTC). Con esta decisión la CNMC da un paso más en enfrentamiento con el Gobierno por la regulación del servicio alternativo al taxi que ofrecen Uber y Cabify. La norma recurrida prohíbe vender una licencia VTC durante los dos primero años y obliga a llevar un registro de todos los servicios que realizan.
En su momento, el organismo de Marín Quemada ya llevó al Ministerio de Fomento a los tribunales algunos preceptos del reglamento de finales del 2015 donde se fijó la proporción máxima de una licencia de VTC por cada 30 taxis. A finales de abril el Gobierno blindó con un decreto-ley esta limitación para las VTC, poco días después de que el Supremo examinara la legalidad del reglamento y, desde entonces, se espere su sentencia.
El supervisor ahonda en su enfrentamiento con el Gobierno por la regulación de Uber y Cabify