‘Operación distensión’
Los independentistas esperan gestos de Pedro Sánchez en los próximos meses. Anhelan el acercamiento de los presos, aunque saben que será difícil. Mientras, pedirán el levantamiento de la intervención financiera de la Generalitat.
El contencioso catalán engulle a todo político español que se atreve a abordarlo. Bajo el influjo del
carisma que emanaba de Pasqual Maragall, José Luis Rodríguez Zapatero anunció en un mitin que acataría cualquier Estatut que surgiera del Parlament de Catalunya y acabó por tragarse sus palabras. Y aunque la crisis fue el detonante de su caída, siempre le quedó la frustración de no comprender qué diantre había pasado como para que el asunto catalán acabara con su reputación y la del Tribunal Constitucional. Llegado Mariano Rajoy a la Moncloa, veterano en estas lides, tuvo claro que atreverse a solucionar lo que, según el consejo orteguiano solo podía conllevarse, era meterse en un berenjenal del que no saldría bien parado. Por eso intentó siempre sortear el espinoso conflicto externalizando las decisiones en el poder judicial. Sólo una vez Rajoy probó suerte con la llamada operación diálogo, a finales de 2016, a la que envíó a su fiel escudera, Soraya Sáenz de Santamaría, sin que ésta tuviera la más mínima posibilidad de éxito.
La vicepresidenta creyó que un giro en las formas, con un delegado del Gobierno templado como Enric Millo, combinado con promesas de inversiones, presencia en Catalunya y, sobre todo, una sintonía prometedora con el republicano
Oriol Junqueras, del que esperaba que frenara las veleidades unilateralistas de
Carles Puigdemont, mitigarían la tensión. Pero es éste un asunto correoso, que parece destruir a todo aquel que intenta abordarlo. En cierto modo, Pedro Sánchez fue víctima en su primera vida política de una aproximación cándida al conflicto catalán, que aprovecharon sus rivales internos. Y no por falta de prevención. El líder del PSOE afronta Catalunya como quien se adentra en un campo de minas.
Media España se pregunta si Sánchez ha prometido algo inconfesable a los independentistas y, como presidente, estará sometido al escrutinio de quienes verán pruebas fehacientes de estar vendiendo la patria a precio de saldo. Por el otro lado, muchos independentistas considerarán que el relevo en la Moncloa ha sido baldío cuando comprueben que la llegada de Sánchez no supone la inmediata excarcelación de los líderes en prisión ni la negociación de un referéndum de independencia. Algunos comprobarán que contra Rajoy se vivía mejor. El objetivo de Puigdemont es una victoria clara de una candidatura independentista que deje en evidencia a España en Europa. Rajoy en la Moncloa, con Ciudadanos en ascenso, le resultaba rentable. Cualquier político, para ganar votos, necesita un enemigo.
En cambio, el PDECat desea recuperar cierta normalidad política y, como ERC, considera que los 17 diputados que suman en el Congreso pueden ser más útiles para los presos y el autogobierno de lo que han sido hasta ahora. Tanto los independentistas como los socialistas niegan contrapartidas por apoyar la moción de censura. Y, ciertamente, sería curioso que hubieran cerrado acuerdos con tanta precipitación. Eso no significa que las dos partes asuman que algo debe moverse. El PSOE sabe que debe crear un clima de distensión con las instituciones catalanas, aunque no tiene prisa. Cuentan con un elemento en contra, ya que muchos organismos estarán en manos del PP, desde TVE hasta el Consejo General del Poder Judicial. Su andadura será timorata y dependerá del discurso y las actuaciones que lleve a cabo el Govern de
Por su lado, el independentismo es consciente de que el PSOE cuenta con un estrecho margen de maniobra, pero espera algún gesto en los próximos meses. El más anhelado es el acercamiento de los presos a cárceles catalanas y un cambio de actitud de la Fiscalía. No obstante, hay otros frentes en los que trabajar en esta operación distensión. La cuarentena de puntos que Puigdemont entregó a Rajoy y la recuperación de leyes tumbadas por el Constitucional ya fueron enunciados por Sánchez, pero también el levantamiento de la intervención financiera de la Generalitat, que sigue en vigor pese al fin del 155.
Dos son los riesgos que pueden dar al traste con esta operación distensión. En primer lugar, habrá que ver cuánto tiempo aguanta el independentismo sin impacientarse ante un PSOE sometido a una vigilancia casi paranoica, en qué momento se pasará de reclamar un diálogo sin condiciones a exigir un referéndum, por ejemplo. Y dos, veremos la capacidad de resistencia de Sánchez ante quienes le acusarán de entregarse a los separatistas al menor gesto de conciliación. Si la operación diálogo fue un mal negocio para Sáenz de Santamaría, la operación distensión puede serlo para Pedro Sánchez. Y, al mismo tiempo, no le queda más remedio que afrontar el conflicto catalán. Sin superar este escollo, será imposible asentarse en la Moncloa.