La Vanguardia

El poder judicial

El Gobierno tratará de suavizar la acción de la acusación pública en el caso 1-O

- JOSÉ MARÍA BRUNET Madrid

La Fiscalía General del Estado es una de las piezas más importante­s de toda la estructura que va a renovar el presidente Pedro Sánchez.

La Fiscalía General del Estado es una de las piezas más importante­s de toda la estructura que va a renovar Pedro Sánchez, y no sólo por el conflicto con Catalunya. El presidente del Gobierno cuenta ya con varios candidatos para ocupar esa responsabi­lidad, pero no se dirá la última palabra hasta que antes esté claro quién va a ocupar la cartera de Justicia. En todo caso, destaca especialme­nte el nombre de Pedro Crespo, en la actualidad fiscal jefe de la Fiscalía de lo Contencios­o-Administra­tivo del Tribunal Supremo (TS). También están en liza los nombres del fiscal del Supremo Javier Zaragoza y las fiscales Gabriela Bravo y Sofía Puente.

Diversas fuentes tanto de la carrera fiscal como políticas destacan la idoneidad de Crespo por razones de trayectori­a y perfil. Dirigió la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que es su organismo interno más importante, por su labor de asesoramie­nto y en términos genéricos órgano de apoyo del fiscal general. Se le considera muy competente como jurista, a la vez que persona poco inclinada a las estridenci­as. De cara a las decisiones que haya de tomar la Fiscalía en relación con la causa del 1-O, no son aptitudes secundaria­s.

En la Fiscalía se tiene el convencimi­ento de que en la nueva etapa el fiscal general no sólo va a tener contacto permanente con el ministro de Justicia, sino directamen­te con el presidente del Gobierno. Pero el criterio del nuevo titular de dicho departamen­to tiene que ser tenido en cuenta para la elección de quien vaya a dirigir la Fiscalía. Durante todo el día de ayer circuló de forma muy insistente el rumor de que en el nuevo Ejecutivo van a volver a unirse las carteras de Interior y de Justicia. Otro nombre manejado para formar parte de los nuevos equipos que se formarán en el área de Justicia es el de la fiscal Sofía Puente. No es previsible, en todo caso, que asuma la dirección de la Fiscalía. Entre otras razones por la proximidad familiar con el alcalde Valladolid y portavoz de la ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, que es su hermano. Pero se estima muy probable que dicha fiscal asuma responsabi­lidades relevantes en el equipo de Justicia e Interior, si se produce la fusión.

La candidatur­a de Javier Zaragoza, ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional, puede tener la contraindi­cación de su pertenenci­a al grupo de cuatro fiscales que actúa en representa­ción de la Fiscalía en la causa sobre el 1-O en el Tribunal Supremo (TS). Hasta ahora, la actuación de los fiscales ha venido aplicando criterios de rigor ante todas las peticiones de las defensas de los procesados, tanto las relativas a la puesta en libertad de los exmiembros del Govern y de la Mesa del Parlament como las presentada­s para que pudieran ser candidatos a la investidur­a –caso de Jordi Turull–, o sencillame­nte que pudiesen acudir a la Cámara catalana o ser trasladado­s a prisiones radicadas en Catalunya.

En la Fiscalía se da por hecho que el nuevo Gobierno va amostrarse más favorable a atemperar las posiciones que se adopten ante este tipo de peticiones. Pero está por ver que resulte fácil. Baste recordar que cuando el actual

Sánchez estudia la posibilida­d de volver a unir los ministerio­s de Justicia e Interior

fiscal general, Julián Sánchez Melgar, creyó oportuno apoyar la solicitud de libertad del exconselle­r de Interior Joaquim Forn, los fiscales del caso hicieron constar ante el Supremo que lo pedían por orden directa de su superior jerárquico, permitiend­o así que se extendiera la idea de que ellos no tenían intención de adherirse a la petición de la defensa. En cualquier caso, el posible traslado de los procesados del caso 1-O a prisiones de Catalunya dependerá en condicione­s normales de Institucio­nes Penitencia­rias, organismo encuadrado en el Ministerio de Interior. La decisión del cuándo y cómo realizar dicho traslado estará, en suma, en manos del nuevo Gobierno.

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CHEMA MOYA / EFE Pedro Crespo, actual fiscal jefe de lo Contencios­o en el Tribunal Supremo

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