El tapón de Sánchez
El PSOE deberá lidiar con la capacidad del PP para bloquear las Cortes
No se puede gobernar desde el Congreso. Estos casi veinte meses de gobierno en minoría del PP revelan el fenomenal desequilibrio en el conflicto entre el legislativo y el ejecutivo: no sólo gobierna el Gobierno sino que las mayorías del legislativo tienen serios problemas para legislar contra la voluntad de Moncloa, un déficit de la arquitectura democrática dibujada en 1978 que no fue patente hasta que las elecciones del 2015 oficiaron exequias por el bipartidismo.
Por eso, la moción de censura es también una revuelta parlamentaria contra la correa con la que el PP y Ciudadanos tenían atada en corto a la Cámara. Pero los populares conservan armas para la venganza, y el anuncio de las enmiendas a su presupuesto en el Senado, aunque suenen a berrinche de mal perdedor, es sólo un ejemplo de hasta qué punto fue errada la decisión de Pedro Sánchez de rechazar la oferta de Íñigo Errejón en el 2016 para que PSOE y Podemos compartieran listas del Senado. Habrían evitado que el PP, con un 33% de los votos, controlase un 56% de escaños: socialistas y morados sumaron el 42% de sufragios y tienen el 30% de los senadores. Con la treta de Errejón, tendrían una cómoda mayoría absoluta.
En el Congreso, las armas del PP son de otra naturaleza. A los conservadores les va a costar aglutinar mayorías, pero su control de la Mesa del Congreso, la junta de portavoces y casi todas las mesas de las comisiones le permite administrar los tiempos, e incluso, como ya ocurre, mantener leyes en coma profundo los meses que sea de su gusto: los plazos de enmiendas se prorrogan sine die, aunque sean propuestas que sólo contengan un artículo derogatorio, como el caso de la supresión del artículo 324 de la ley de Enjuiciamiento Criminal de Alberto Ruiz-Gallardón (la llamada ley Berlusconi), y cuya eliminación fue promovida por organizaciones de jueces y fiscales, presentada por Podemos y apoyada por mayoría absoluta. Ahí sigue, en un cajón.
Desaparecerán los vetos presupuestarios, eso sí. Más de medio centenar de leyes bloqueó así el Gobierno Rajoy. La Mesa –PP y Cs– puede aceptarlos o rechazarlos, pero no puede promoverlos, es potestad del Gobierno. Además, el Constitucional rechaza el uso que el PP hizo de esa prerrogativa, y los letrados de la Cámara sostienen que tanto derecho tiene el Gobierno a vetar como la Mesa a decir que nones.
Estos obstáculos se suman al exiguo apoyo parlamentario del nuevo ejecutivo y confirman su debilidad para desplegar un programa de gobierno. No tanto, su fragilidad, como algunos señalan: para derribarlo hace falta que quienes apoyaron la moción contra Rajoy se inclinen por restituir al PP. Y en segundo lugar, porque el ejecutivo saliente demostró en sus veinte meses de ejercicio que no hace falta producir ley alguna para sobrevivir. Basta pactar presupuestos.