Los acompañantes de Puigdemont dicen que iba a entregarse en Bélgica
Los dos mossos d’esquadra y el historiador Josep Lluís Alay, que acompañaban a Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania, manifestaron ayer en la Audiencia Nacional que el expresident de la Generalitat viajaba hacia Bruselas con el propósito de entregarse a la Fiscalía belga. El juez Diego de Egea les había citado para interrogarles sobre las circunstancias de su presencia junto a Puigdemont en el viaje que de regreso de Finlandia a Bélgica, después de que el expresident hubiera participado en Helsinki en actos académicos y parlamentarios.
También estaba citado ayer el empresario Josep Maria Matamala, que era el quinto ocupante del vehículo que llevaba a Puigdemont de vuelta a Bélgica cuando la policía alemana les paró en una gasolinera. Matamala no compareció, al parecer porque no se le pudo notificar la citación judicial. El juez resolvió ordenar a la Policía que establezca el domicilio del empresario con objeto de citarle de nuevo con garantías de que recibe la comunicación.
Tanto los dos miembros de la policía autonómica –Xavier Goicoechea y Carlos de Pedro– como Josep Lluís Alay explicaron al juez que viajaron a Finlandia para recoger a Puigdemont y que su propósito era acompañarlo en su regreso para que se pusiera a disposición de la Fiscalía belga. Todo ello al tener conocimiento de que el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena había reactivado la euroorden de detención contra Puigdemont, tras su marcha a Finlandia, para participar en los actos citados.
Los tres investigados, en suma, dieron una versión de los hechos que niega toda posibilidad de que su actuación se interprete como acto de auxilio a una persona que huye o trata de sustraerse a la acción de la justicia. Sus manifestaciones fueron en sentido contrario, al relacionar el viaje con la finalidad de que Puigdemont volviera a ponerse a disposición de la Fiscalía belga, una vez conocida la nueva reclamación de la justicia española. Oídas sus manifestaciones, el juez no adoptó medida cautelar alguna sobre los comparecientes.
El abogado de Alay, Jaume Alonso-Cuevillas –que también es defensor de Puigdemont–, afirmó ayer que a su juicio “el tema no tiene ninguna relevancia penal”. El letrado ya dijo en su momento que no cabía la acusación de encubrimiento “porque el señor Puigdemont viajaba a Bruselas para ponerse a disposición de las autoridades belgas”.
Paralelamente, la Sala Penal de la Audiencia Nacional confirmó ayer la situación de libertad con medidas cautelares impuestas por el propio juez De Egea a Tamara Carrasco, acusada de ser la coordinadora de los Comitès de Defensa de la República (CDR). La Fiscalía había pedido que Carrasco ingresara en prisión. Y también la Fiscalía solicitó ayer que Interior reclame el pago de la multa de 90.000 euros que le fue impuesta a Santiago Espot, como promotor de la pitada al himno en la final de Copa del 2015. Espot fue absuelto recientemente por la Audiencia. Cerrada la vía penal, el fiscal cree que debe reactivarse la sanción administrativa.
Dos mossos d’esquadra y el historiador Josep Lluís Alay declaran ante el juez De Egea en la Audiencia Nacional