La Audiencia archiva parte del caso Catalunya Caixa
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó ayer el archivo parcial de la causa en la que investiga la gestión de Catalunya Caixa en la etapa en que Narcís Serra presidió la entidad. El exvicepresidente del Gobierno seguirá como investigado, y con él otros cuatro exdirectivos, José María Loza, Lluís Gasol, Eduardo Aznar y Joan Valls. Paralelamente, el archivo afecta a otros diez directivos, que quedan fuera de la investigación, entre ellos Adolf Todó, Joan Güell, Antoni Llarden, Joan Manuel Pla, Josep Alonso Roca, Joan Echániz y Josep Molins.
En su resolución, el juez expone que entre los años 2000 y 2007 Catalunya Caixa llevó a cabo “una intensa y creciente actividad inversora inmobiliaria que, a su vez, exigía y comprometía importantes volúmenes de facilidades crediticias, necesarias e imprescindibles para el desarrollo de los proyectos a acometer”. A este respecto, la investigación se abrió para aclarar si esas opciones de gestión pudieron provocar un agujero de más de 720 millones de euros en la entidad. El juez sostiene ahora a este respecto que “a pesar de la dimensión y el riesgo” de los proyectos comprometidos, “las decisiones de inversión se sancionaban favorablemente sin mediar previas valoraciones independientes de los activos urbanísticos”. Y añade que la puesta en marcha de las operaciones se realizó “frecuentemente sin la inclusión de cláusulas resolutorias que cubriesen los intereses de la entidad o, de incluirlas, éstas no fueron ejecutadas o fueron insuficientes”.
El auto explica que en este procedimiento se investigaban también los acuerdos de separación de socios efectuados en los años 2008 y 2013. El magistrado archiva esta parte de la causa, ya que, tal y como sostuvo la Fiscalía, “no puede afirmarse que los administradores actuaran con una clara voluntad de perjudicar a la entidad y beneficiar a terceros cuando tomaron las decisiones de separación de socios ni en ejecución de tales actos”. Además, a su juicio, no existen elementos suficientes para entender que los administradores de Catalunya Caixa “actuaran con un ánimo de perjudicar a la sociedad, ni de que se obtuviera beneficio económico personal o ajeno como exige el tipo penal”. En cualquier caso, señala Moreno, los hechos estarían prescritos.
Sin embargo, el juez estima que proyectos desarrollados entre el 2000 y el 2007 sí pudieron entrañar un delito de administración desleal, por tratarse de “operaciones aparentemente muy irregulares”. De ahí que el magistrado prosiga la investigación en cuanto se refiere a “operaciones inmobiliarias vinculadas con Torca Procam, Procam Polska y Vertix Procam (Landomus)”, sociedades sobre cuya gestión la Fiscalía ha solicitado nuevas actuaciones.