Puigdemont y 4 exconsellers buscan apartar al juez Llarena de la causa
Presentada una demanda civil contra el magistrado ante la justicia de Bélgica
Puigdemont y cuatro exconsellers han emprendido una maniobra jurídica para apartar a Llarena. Se le presentará una demanda civil en Bélgica por unas declaraciones y luego se le recusará por tener un juicio pendiente por un asunto que afecta a los encausados.
Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers, los desplazados al extranjero –Lluís Puig, Antoni Comín, Meritxell Serret y Clara Ponsatí–, emprendieron ayer una doble maniobra judicial que tiene como gran objetivo recusar y apartar al juez Pablo Llarena de la instrucción de su causa en el Tribunal Supremo. El motivo, según el expresidente de la Generalitat, es que “se ha demostrado que Llarena actúa sin imparcialidad, movido por motivaciones políticas”.
El mecanismo para alcanzar este propósito son dos iniciativas judiciales. Por un lado, una demanda civil contra el juez ante la justicia belga por sus declaraciones a la prensa el pasado 22 de febrero en Oviedo. Llarena afirmó entonces que los encausados no son presos políticos y que se trata de “comportamientos recogidos en el Código Penal que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación para cometerlos, tienen que ser investigados”. Los abogados de Puigdemont y los exconsellers consideran que son declaraciones que, además de realizadas fuera de los tribunales, demuestran los prejuicios del magistrado sobre la presunción de inocencia de los dirigentes independentistas investigados en la causa del 1-O.
Y según los mismos abogados, Llarena está citado a declarar ante el tribunal belga el próximo 4 de septiembre, aunque puede hacerse representar por un abogado. Le piden la cantidad simbólica de 1 euro por daños y perjuicios, pero la auténtica intención de la demanda es que permita el segundo paso de la ofensiva judicial: la recusación del juez ante el mismo Tribunal Supremo, a partir del artículo 219.8 de la ley del poder judicial, que establece como causa para la recusación de un juez que tenga pendiente un juicio con alguna de las partes de las causas que está instruyendo. La iniciativa la presentaron en Bruselas los abogados, acompañados de Puig, Comín y Serret, mientras por videoconferencia intervinieron Puigdemont y Ponsatí. Y desde Barcelona fue aplaudida por Junts per Catalunya (JxCat), en cuyo nombre Josep Costa, vicepresidente primero del Parlament, consideró que, como consecuencia de ello, Llarena debe dejar de instruir la causa del 1-O precisamente en virtud del precepto que establece que “el juez instructor no puede instruir causas contra personas con las que tiene un pleito pendiente”.
Los tres exconsellers residentes en Bélgica –Puig, Comín y Serret– recibieron también ayer, por otro lado, la visita de sus sucesores en los departamentos, las actuales titulares de Cultura, Salut y Agricultura –Laura Borràs, Alba Vergés y Teresa Jordà, respectivamente–, a fin de escenificar un traspaso simbólico de carteras. El acto, una comparecencia conjunta de los seis, se llevó a cabo en la delegación de la Generalitat en Bruselas y fue
el primero que acogía después del levantamiento de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. “Su voz, la de los que están en prisión y la de los que han ido al exilio, nunca se apagará”, subrayó Vergés a modo de resumen de la situación.
La idea de la continuidad en la gestión fue, no obstante, la que por encima de todo presidió el acto, al igual que ocurrió en el traspaso de carteras también simbólico que en Estremera protagonizaron Pere Aragonès, Ernest Maragall y Ester Capella con Oriol Junqueras y Raül Romeva. Un traspaso marcado en este caso por las trabas puestas por el Ministerio del Interior, según denunció el nuevo vicepresidente del Govern, que lamentó “no haber tenido ni sala de trabajo ni tiempo suficiente para efectuar un buen intercambio de los planes de actuación” y haber tenido que llevar a cabo la visita “separados por un cristal” y “en sólo 40 minutos con cada uno”. Aragonès calificó, además, de “arbitrariedad” que el Gobierno español en funciones no haya autorizado la visita a la cárcel del resto de consellers, que prevén, de todos modos, hacerlo en los próximos días en cuanto reciban finalmente los permisos correspondientes.
En el capítulo de los gestos con los miembros del Govern que fueron destituidos a causa del artículo 155, JxCat y ERC han decidido igualmente situar a algunos de ellos en las comisiones del Parlament, cuya composición tiene previsto aprobar hoy el pleno. JxCat, por ejemplo, reserva un puesto a Puigdemont en la de acción exterior y a Rull en la de territorio, junto a Jordi Sànchez en la de asuntos institucionales, mientras ERC coloca a Romeva en la de Cultura y a Comín en la de juventud. Una medida, en todo caso, asimismo simbólica, porque los titulares de las comisiones pueden ser sustituidos por otros diputados del mismo grupo en cada reunión.
JxCat y ERC reservan puestos a exmiembros del Govern en las comisiones del Parlament
Varios consellers escenifican un traspaso de carteras simbólico en Estremera y Bruselas